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“Tras un accidente en acto de servicio, el Ejército me echó como a un perro”

Procedente de Cádiz, Francisco Javier Fontao llegó a la sede del Ministerio de Defensa con una esterilla, un saco de dormir, dos botellas de agua, una mochila y varias banderas de España. El lunes, a primera hora de la mañana, comenzó una acampada y una huelga de hambre para hacer presión y solicitar así su readmisión en las Fuerzas Armadas. “Tuve un accidente en acto de servicio y me han echado a la calle, como si fuese un perro. No tengo derecho a nada”, repite este joven gaditano de 29 años y padre de dos niños.

En 2011 sufrió un accidente por el que fue dado de baja como soldado de Infantería de Marina, sin tener derecho a ninguna prestación por la discapacidad que le provocó el incidente. Las lesiones que arrastra son visibles en cuanto se pone de pie. Desde entonces, en cada desplazamiento se apoya en un bastón.

Problemas de movilidad en pie y pierna

“Haciendo maniobras en el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín, en Barbate, volcó el vehículo en el que viajaba. Iba en posición de tirador con una ametralladora. El conductor cogió una curva muy pronunciada, nos encontramos otro vehículo de frente y acabamos dando tres vueltas de campana. El peso del Hummer en el que viajaba, tres toneladas, cayó sobre mi pie y mi pierna; quedaron destrozados”, recuerda.

Los hechos sucedieron el 25 de junio del 2011 mientras servía en el tercio de la Armada en Cádiz, dos meses antes Fontao acababa de volver de una misión en Bosnia. Según cuenta, tras el accidente “todo fueron buenas palabras” por parte de sus superiores. “Me pidieron que no denunciase ni a mis compañeros ni al servicio, me aseguraron que no me iban a dejar tirado y que a mis hijos no les iba a faltar el pan”, apunta a eldiario.es desde el puesto en el que ha acampado.

“Pensaba que me iban a cuidar”

Así lo hizo, comenzó con las intervenciones quirúrgicas y la rehabilitación, sin pensar que su futuro laboral estaba lejos de las Fuerzas Armadas. “Al ser herido en acto de servicio y dar siempre mi vida por España pensaba que me iban a cuidar”, indica. Un año después del accidente comenzaron las primeras evaluaciones para decidir sobre su futuro laboral. “Todavía no me había recuperado, acudí a la primera con las dos muletas y con un par de operaciones pendientes”, explica.

Dos años después del accidente, Defensa dictaminó que era útil con limitaciones para el servicio. Le asignaron un destino al que no se incorporó porque continuaba con la recuperación para conseguir que su pie derecho volviese a estar operativo. Le reconstruyeron los huesos, la planta y parte de la pierna.

Su reincorporación nunca se llegó a producir, en marzo del 2016 la Subsecretaría de Defensa emitió una resolución en la que declaraba “la insuficiencia de condiciones psicofísicas en acto de servicio”. “Me dieron de baja porque decían que no podía coger peso, andar o hacer guardias”, relata.

Sin derecho a prestación por discapacidad

Le rescindieron el contrato sin que tuviese derecho a cobrar una prestación por la discapacidad adquirida mientras estaba trabajando. Según el Real Decreto 1186/2001 esta retribución se concede a partir del 25% y a él le otorgaron una valoración del 15%. “Hemos actuado conforme a la ley”, apunta una portavoz del Ministerio.

Esta decisión ha descuadrado las cuentas familiares, con una hipoteca y dos hijas. Por eso, ha decidido visibilizar su reivindicación ante la puerta del Ministerio. “Económicamente solo me concedieron 30.000 euros por rescisión de contrato. Hace nueve meses me dejaron de pagar y desde entonces estoy cobrando el paro”, añade.

“Estoy desesperado. ¿Dónde voy a encontrar trabajo? ¿dónde voy con mis hijos? ¿le digo al banco que no me cobre las letras de la hipoteca?”, apunta este gaditano que ha estado moviendo sin éxito su currículum, en una de las provincias con mayor tasa de paro del país.

“Quiero que me reabran el expediente de actitud psicofísica y me den un puesto acorde a la lesión que tengo. Puedo hacer labores administrativas, conducir o hacer otras funciones en el cuartel”, reseña. Asimismo, advierte a la ministra Mª Dolores de Cospedal que no se plantea ingerir alimentos ni levantar el pequeño campamento que ha montado frente a su Ministerio hasta que “no le den una respuesta sobre su caso”.

Recurso desestimado

Considera que esta reivindicación es la única opción que tiene para volver a las Fuerzas Armadas, después de que un juzgado contencioso administrativo desestimase en enero su recurso. Aunque ha insistido por esta vía, apelando esta decisión ante la Audiencia Nacional. “Estamos a la espera de que la justicia se vuelva a pronunciar, nunca le han dado la razón en los recursos que ha presentado”, añade una portavoz del Ministerio

Para que ningún compañero se vuelva a ver en esta situación, también solicita a Cospedal una modificación del Real Decreto 944/2001. Esta normativa, como ya informó eldiario.es, permite que Defensa pueda rescindir el compromiso, aunque esté en vigor, si los médicos militares consideran que el evaluado no reúne las condiciones psicofísicas necesarias para el servicio.

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El abogado de Urdangarin insiste en que su defendido es inocente

Confirma que está trabajando en el recurso ante el Tribunal Supremo.

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Cospedal anuncia su candidatura para revalidar la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha

Toma la decisión dos semanas después de asumir la Secretaría General de la formación, una acumulación de cargos con polémica. 

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El candidato socialista francés busca ultimar esta semana un acuerdo con los Verdes

Hamon reconoce que “no será fácil” persuadir a Jadot pero subraya que “el veneno de la izquierda es la división”.

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El fiscal general explicará en el Congreso las filtraciones de Púnica al presidente de Murcia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, será llamado al Parlamento con criterio de urgencia para explicar el escándalo que rodea al presidente de Murcia y las presuntas filtraciones de información sobre su situación procesal en torno al caso Púnica. Así lo ha acordado este martes la mesa del Congreso, a petición del Partido Socialista. 

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, reveló en una entrevista que conocía el criterio de los fiscales del Supremo sobre su situación procesal, antes de que estos fueran comunicados de manera oficial. La comparecencia solicitada pretende aclarar si la información partió de la Fiscalía General o directamente del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Se da la circunstancia de que Catalá y Sánchez se reunieron en privado durante el Congreso que el PP celebró en Madrid el segundo fin de semana de febrero. Una cámara de la Sexta registró el momento en el que el ministro intentaba localizar al presidente murciano entre la multitud de asistentes al cónclave de los conservadores.   

El PSOE quiere que el fiscal general explique qué le movió a ordenar que la fiscalía no pidiese la imputación del político del PP en el caso Púnica, contra el criterio de las fiscalas que llevan el caso. El juez Eloy Velasco le acusaba de tres delitos: cohecho, fraude y revelación de secretos.

Los problemas judiciales del presidente murciano están complicando su continuidad en el cargo. Esta misma semana se ha sabido que deberá declarar como investigado en otra causa, el caso Auditorio.

Ciudadanos ha condicionado su apoyo al Gobierno del PP en esa comunidad a que Sánchez presente su dimisión como presidente. 

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Catalá cree que el presidente de Murcia no debería dimitir: “No es el momento”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, no debería dimitir. Aunque va a declarar como imputado en el caso Auditorio, cree que hay que esperar a la apertura de juicio oral para exigir responsabilidades políticas: “No es el momento”.

En su opinión, Sánchez no debería abandonar su cargo cuando “sólo hay una mera investigación”, cuando solo “se comparece ante un tribunal en calidad de investigado”. Hasta que no se le procese no debería dimitir, ha insistido. El presidente de Murcia está acusado de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad documental y malversación.

En este sentido, ha puesto el foco en el respeto a la presunción de inocencia. “Todavía no hemos aprendido que es muy conveniente esperar a que haya conclusiones materiales”, ha asegurado, al tiempo que ha pedido “prudencia”. Esas palabras también iban dirigidas a Ciudadanos, socio del PP en Murcia, a quienes ha insistido en pedir que esperen al juicio para pedir la dimisión de Sánchez.

El ministro ha vuelto a recalcar en la importancia de la “dependencia jerárquica” en el Ministerio Fiscal, como garantía de la “seguridad jurídica” de todos los ciudadanos. Con respeto a ese principio, ha dicho, los fiscales podrán “discrepar con garantías”.

Catalá se ha referido así, durante un desayuno informativo, al enfrentamiento vivido la semana pasada entre las fiscales del caso Púnica y la Fiscalía Anticorrupción. Cuando las primeras se inclinaban por acusar de tres delitos de corrupción al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sus superiores zanjaron que no había lugar.

El ministro, que llegó a reprender públicamente a las fiscales y a anunciar posibles acciones disciplinarias contra ellas, ha insistido hoy en que la Fiscalía debe garantizar su “legalidad e imparcialidad”. Y el único camino para ello es “la unidad de actuación y la dependencia jerárquica”. Este principio se debe preservar “de manera que no se generen dudas o desconfianzas”.

Entre mañana y pasado se reunirá el Consejo Fiscal para nombrar a un nuevo fiscal Anticorrupción, dentro de una larga lista de nombramientos. Catalá ha afirmado que esas decisiones “van a estar orientados a poner al frente de los puestos más relevantes a fiscales capacitados, con experiencia acreditada”.

Catalá ha explicado también que una de las prioridades del Gobierno en mejorar la imagen de la Justicia trabajando por su independencia. Así, ha anunciando que el Ejecutivo está dispuesto a revisar el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, como consta en el pacto con Ciudadanos.

En este sentido, ha abogado también por “suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan nombrar magistrados”, regular el “tránsito entre la justicia y la política” o limitar los aforamientos.

El ministro no ha profundizado en las medidas sobre corrupción, más allá de que el Ejecutivo quiere “garantizar que los que denuncian corrupción tengan un sistema de protección muy estricto”. Hoy se debate en el Congreso la toma en consideración de una iniciativa en este sentido, pero el PP es el único partido que no se ha reunido con sus impulsores, la Plataforma x la Honestidad.

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El Gobierno de Murcia dice que su presidente “no está imputado formalmente” y solo dimitirá si se le abre juicio oral

La portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha afirmado este martes que el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, “no está imputado formalmente” en el caso Auditorio y que la “línea roja” en la que considera que tendría que dimitir es si se le abre juicio oral. Sánchez está siendo investigado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos

En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, Arroyo ha recordado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambió el término “imputado” por “investigado”, y ahora se habla de “investigado” y “encausado” (que es cuando se abre juicio oral) “y donde todos los partidos ponen la línea roja”.

De este modo, ha defendido que Sánchez no está incumpliendo su palabra por no dimitir de su cargo después de que este lunes el juez instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le citase a declarar como investigado.

Arroyo ha detallado que el pacto de gobierno con Ciudadanos habla de dimisión de los cargos cuando se les impute algún delito de corrupción política, y en este caso entienden que Sánchez “no está imputado formalmente, está citado para poder declarar y aclararlo todo”.

“Ponemos la línea roja, como el resto de partidos, en la apertura del juicio oral, nunca en el derecho que tienen los ciudadanos de asistir junto a su abogado para dar explicaciones”, ha puntualizado.

Dejando clara esa interpretación –que es “la que hacen todos los partidos en sus estatutos”, ha dicho– ha asegurado que Sánchez cumplirá el acuerdo con Ciudadanos. Según ha dicho, Sánchez es “es un presidente de palabra, que cumple con la ley y con su palabra” y además ha defendido la presunción de inocencia que es “la principal garantía para cualquier persona en un Estado de Derecho”.

“No le han dejado explicarse en la Asamblea”

Además, la portavoz ha remarcado que el hoy presidente regional lleva desde 2013 intentando ir a dar explicaciones sobre este caso, durante la fase de diligencias y también, desde que comenzó esta legislatura, en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea Regional pero PSOE y Podemos, partidos que le acusan ante los tribunales, “no le han dejado todavía”. “Ahora es cuando Pedro Antonio Sánchez tiene la oportunidad de ir a declarar para ir a aclararlo todo”, ha añadido.

En cuanto a la Ley de Transparencia de la Región, que prevé dimisiones cuando haya imputaciones por corrupción, incluida la prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), ha respondido que esa ley “no habla de obligación jurídica”, porque dice que la persona imputada “entenderá” que no puede seguir en el cargo. “Dice ‘entenderá’, no ‘deberá'”, ha justificado Arroyo, defendiendo por lo tanto que la decisión de dimitir queda a criterio del imputado.

No se habla de corrupción, sino de un posible “error”

Para la portavoz del Gobierno regional, en el caso Auditorio “no se habla de corrupción política” porque nadie ha puesto en duda que “todo el dinero está en la inversión de la obra, el auditorio de Puerto Lumbreras, y lo que puede haber es un “error en un procedimiento administrativo”, así que ha pedido “ser justos, por el bien de todos”.

En este sentido, ha acusado al PSOE de la Región de haber emprendido una campaña de “persecución y acoso” contra más de 80 cargos del PP, y la Justicia siempre los ha archivado “y nadie ha pedido perdón”.

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