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Un hospital y miles de hogares aún quedan sin reconstruir tres años después de la ofensiva israelí en Gaza

Una nube de polvo rojo avanza dentro de la franja de Gaza. Los tanques militares israelíes entran por los campos agrícolas gazatíes. Las explosiones de obuses, fuego de artillería y las bengalas luminosas enrojecen la fantasmagórica nube. Los bombardeos aéreos se adelantan al paso de dicha comparsa de la muerte. La población intenta huir.

Las líneas telefónicas de las ambulancias se colapsan. El hospital Al-Wafa, a un escaso kilómetro de la frontera de armisticio por donde penetran los tanques israelíes, se convertía en esos momentos en objetivo del Ejército israelí con 17 pacientes y escaso personal todavía en su interior. Tres años después de los bombardeos, el hospital sigue sin estar reconstruido.

“La situación tenía muy mala pinta. Se oía cómo caían las bombas en el edificio de al lado, mientras en el edificio donde estábamos se quebraban las paredes”, recuerda en una conversación con eldiario.es Manuel Pineda, activista español que se encontraba dentro del hospital en ese momento.

Ocurrió durante la operación militar israelí Margen Protector en el verano de 2014. El hospital Al-Wafa, un complejo formado por varios edificios, era la única opción con especialidad en rehabilitación de toda Gaza. Las personas ingresadas en el hospital no podían caminar y había incluso pacientes en estado comatoso. Nadie pensó que en cuestión de horas pasaría a ser un amasijo de hierros y hormigón.

“Un sanitario y yo subimos a la planta, los desenchufamos de las máquinas de mala manera y deprisa”, recuerda Pineda. “No había electricidad, así que los bajamos con sábanas por las escaleras y los dejamos en el suelo. Así hicimos hasta tenerlos a todos y luego los metimos en dos ambulancias. Solo había un conductor así que me tocó conducir a mí la otra ambulancia”, prosigue el testigo del ataque contra el hospital, un acto que constituye un crimen de guerra según la Convención de Ginebra.

Tres años sin un hospital para rehabilitación

El 26 de agosto se cumplen tres años del final de Margen Protector, tres años en los que Salman Al-A’ashi, director del hospital Al-Wafa, ha intentado sin éxito obtener los fondos necesarios para levantar el hospital.

“En febrero de este año 2017 comenzamos la reconstrucción de tan solo un 20% de lo destruido”, cuenta Al-A’ashi en una entrevista con este medio. “Las principales dificultades que nos encontramos para la reconstrucción es la lentitud, las escasas donaciones locales e internacionales y el bloqueo sofocante que no está permitiendo la entrada de material de construcción”, esgrime.

Hace unas semanas, el equipo médico de Al-Wafa levantó una pequeña carpa con fotografías y se manifestó en el mismo lugar donde antes se levantaba el hospital. En 2014 perdieron su lugar de trabajo, además de un moderno equipamiento médico que no había sido fácil conseguir.

“Estamos ofreciendo servicios de rehabilitación y especialidades en estos momentos desde nuestra sede provisional, que no es apta, sin embargo, para ofrecer todos los servicios que ofrecíamos antes de la guerra”, lamenta Al-A’ashi.

La destrucción de Al-Wafa fue un hecho sin precedentes, según organizaciones de derechos humanos palestinas. Fue el único hospital destruido completamente durante la operación militar. Otros 18 hospitales, y decenas de clínicas, sufrieron daños en su estructura y equipamientos debido a bombardeos israelíes.

“Israel ignoró los llamamientos locales e internacionales que le pedían no involucrar a los hospitales en su guerra, pero hicieron oídos sordos y pusieron a los pacientes en peligro. Mujeres, niños, ancianos con discapacidad… Fue un incumplimiento del conjunto del Derecho internacional”, denuncia Al-A’ashi.

1.000 personas todavía sin hogar

En la franja de Gaza, a día de hoy, todavía unas 6.000 familias, alrededor de 31.000 personas, viven como desplazadas internas debido a que sus casas fueron bombardeadas. De la mitad, unas 18.000, se ocupa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa). Son familias vulnerables que fueron expulsadas de sus hogares en 1948 con la creación del Estado de Israel y que, tras la operación de 2014, ya no tienen hogar en los campos de refugiados.

“Muchas veces el Gobierno de Israel ha suspendido o retrasado la aprobación [de la reconstrucción]. Un ejemplo bien conocido es que no hubo nuevas familias aprobadas en el sistema de reconstrucción entre mayo de 2016 y diciembre de 2016”, explica Unrwa. La agencia añade que hay, asimismo, problemas para acceder al material de construcción y escasez de fondos.

Por esta razón, coincidiendo con el tercer aniversario de la tregua que puso fin a la operación militar, los organismos internacionales piden que los países que se comprometieron a aportar donaciones para la reconstrucción cumplan con esta responsabilidad. Norwegian Refugee Council (NRC), una de las organizaciones humanitarias más importantes que operan dentro de la franja, advierte de que solo el 30% de los fondos prometidos ha sido desembolsado.

“Incluso si la financiación necesaria se pone a disposición de inmediato, seguimos frente a otro año de construcción antes de que las familias desplazadas puedan regresar a sus hogares”, afirmaba Hanibal Abiy Worku, director de NRC en Palestina el pasado julio.

Shelter Cluster –un compendio de organizaciones en continuo contacto con las ONG, organizaciones de la sociedad civil o Naciones Unidas– apunta en su informe de junio de 2017 que faltan fondos para 60.905 de los 171.000 hogares bombardeados –total o gravemente, con daños mayores o daños menores– por Israel. Es decir, se buscan fondos para el 35% de los hogares que necesitan ser construidos.

Se subraya el caso de los hogares totalmente destrozados, 11.000, de los que unos 3.700 aún no cuentan con financiación. Y del cemento, ya que todavía no ha entrado a la franja el 46% del cemento necesario para el llamado Mecanismo General de Reconstrucción.

“Hay que salir de este silencio malsano”

El Tribunal Penal Internacional (TPI) continúa en la primera fase de examen preliminar sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel. El pasado mes de julio, más de 50 sindicatos, asociaciones y organizaciones, además de 500 víctimas, presentaron una queja ante el TPI en La Haya.

“Es cierto que hay serias dificultades para la oficina de la fiscalía, pero hay que salir de esta ambigüedad, de este silencio malsano. Este examen preliminar que se prolonga durante años no es ni serio, ni profesional”, indica a este medio Gilles Devers, uno de los abogados que ha participado en la preparación de la denuncia.

“Si la oficina de la fiscal del TPI estima que no se puede abrir una investigación debido a la organización política en Palestina, lo debe decir para que todo el mundo tenga una buena comprensión del caso y que cada uno asuma sus responsabilidades”, manifiesta el letrado en referencia a la división política palestina entre Fatah, en Ramala, y Hamás, en Gaza, que podría dificultar la investigación.

Las personas firmantes de esta iniciativa consideran que los dirigentes políticos palestinos no son los únicos “amos de la justicia”. Afirman que no van a esperar a que las autoridades palestinas decidan continuar en la lucha jurídica y han actuado por su cuenta.

“La acción legal permite afirmar el derecho, redistribuir las cartas y crear nuevas relaciones de poder. Nuestra única preocupación es ir tan lejos como sea hacia esa dirección y nuestro método es actuar de acuerdo a las mejores prácticas profesionales”, asegura Devers.

La queja presentada señala tres posibles crímenes israelíes: el bloqueo de Gaza, la agresión israelí del verano de 2014 y los asentamientos israelíes de Palestina, en un esfuerzo particular por denunciar la situación en Jerusalén Este. “El fiscal tiene todos los medios para investigar. Entonces, tendrá que tomar decisiones y asumirlas”, sentencia el letrado. 

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Los protagonistas de la hora más negra en La Rambla: “Barcelona se volcó, nosotros hicimos nuestro trabajo”

Una dependienta que abrió las puertas de su zapatería a los turistas que huían de La Rambla, un agente de la Guardia Urbana que pasó de un operativo para las Fiestas de Gracia al de un atentado terrorista, un taxista que dejó a su familia en el camping para socorrer a los viandantes heridos en Barcelona, una psicóloga que acudió al punto de emergencias de Cruz Roja en el Hotel Palace, un coordinador de enfermeros que organizó la avalancha de heridos en el Hospital del Mar… 

Este sábado, cuando miles de personas marchen contra el terrorismo en la capital catalana, lo harán detrás de una pancarta que sujetarán profesionales y ciudadanos como los que aparecen en este reportaje. Durante el tiempo que sucedió al atropello masivo –un tiempo que pasó frenético y que vuelve ahora distorsionado a sus memorias–, tuvieron que lidiar con heridos de diversa gravedad, con viandantes en estado de shock después de presenciar la masacre y con los peatones de una ciudad tomada por la policía en búsqueda del terrorista fugitivo. 

“No íbamos a dejar a la gente en la calle”

Júlia Fulquet estaba, como cada día, trabajando en una tienda de zapatos situada en la calle Petritxol, a escasos metros de la Rambla. De repente oyó gritos y vio a gente corriendo. Pensó que, como otras veces, quizás hubiese habido un robo, un tirón de un bolso o algo similar. Pero no. A los pocos minutos empezó a entrar gente en la tienda. “Aún no sabíamos qué había pasado exactamente”, dice.

Fulquet y unos cuantos viandantes se encerraron en la tienda durante los primeros instantes. Luego salió a ver qué pasaba. Cuando llegó a la calle Portaferrissa con la Rambla fue cuando fue consciente de la magnitud del suceso. Gritos, gente corriendo, personas tumbadas en el suelo… Volvió a la tienda y con ella entraron más personas: dos chicas alemanas, una argentina y dos amigas de Júlia que estaban cerca en ese momento. “No íbamos a dejar a la gente en la calle” comenta la joven.

Bajó entonces la persiana por segunda vez. “Les di agua, comida… ¡y la contraseña del wifi!”, comenta. Estando encerrados, WhatsApp y las redes sociales eran la única manera de contactar con el exterior y saber qué pasaba. Así avisaron a familiares y amigos. “En general estuvimos bastante tranquilas”, explica Júlia recordando las casi tres horas que estuvieron confinadas en la tienda.

Salieron definitivamente al escuchar que un agente de policía gritaba a los comercios de la zona que ya se podían ir a sus casas. De las seis chicas, tres eran turistas. Se intercambiaron los números de teléfono y les dieron indicaciones sobre cómo moverse por la ciudad. “No nos volvieron a llamar, supongo que les fue todo bien”, confía Fulquet.

“Había policía con las víctimas y fuimos a por el autor”

Enrique Fernández no es un mando de la Guardia Urbana de Barcelona, sino uno de sus agentes, pero el jueves por la tarde tuvo que dirigir a un equipo de la Unitat de Suport Policial (USP), que bajó desde las Fiestas de Gracia hasta La Rambla en cuanto les llegó la alerta por radio. “Cuando el mando está de vacaciones, es el más veterano el que se pone al cargo de la furgoneta”, dice. Esos días le tocaba a él. 

“Cuando llegamos, la imagen era dantesca, con compañeros atendiendo a gente en el suelo”, recuerda. Como ya había suficientes agentes con las víctimas, su unidad se dirigió hacia la Boquería, “donde se decía que podía estar el autor”, y entraron en columna. Aunque la USP, la unidad antidisturbios, no está pensada para actuaciones de estas características, Fernández asegura que están preparados y han recibido cursos de los Mossos d’Esquadra. Pero no encontraron al fugitivo. 

Tampoco apareció en los registros que su unidad realizó en varios domicilios siguiendo las indicaciones de los vecinos. “Al final, colaboramos con otros equipos para hacer el despliegue en la zona cero”, cuenta Fernández, que se fue a casa ya por la noche, algunas horas después de que finalizara su turno. De sus compañeros destaca que acudieron a trabajar casi todos los que estaban de vacaciones. “Si no vino el 100% de la unidad, fue el 90%, con contadas excepciones”, concluye.

“Todo el personal se volcó inmediatamente”

“En el momento en que recibimos la alerta, hacia las 17.10 h, aviso al jefe de guardia y empezamos a redistribuir espacios y gente”. Quien habla es Xavier Canari, responsable de enfermería del Hospital del Mar, el centro sanitario de Barcelona que recibió al mayor volumen de heridos el jueves. “No sabíamos cuánta gente herida vendría, así que asignamos roles a cada grupo de profesionales”, relata.

Canari se encarga, junto a otros profesionales, de idear un protocolo para casos de múltiples víctimas. Ese día lo empezaron a aplicar. “Era muy importante asignar roles para que cada persona supiese qué tenía que hacer”, recuerda Canari. 

El enfermero explica la dificultad del triaje de los heridos, cómo debían ser distribuidos, según la gravedad de las heridas, y luego identificarles. “Se tiene que hacer una valoración muy rápida del paciente, algunos tenían que ir directamente a la UCI o a quirófano”, precisa. Una de las dificultades añadidas en aquel momento fue que muchos heridos llegaban sin identificación personal, por lo que tuvieron que asignarles un código y un número para identificarles y hacerles un seguimiento hasta poder saber quien era esa persona. 

El mejor recuerdo de Canari es que “todo el personal se volcó inmediatamente”. Rápidamente empezaron a aparecer muchos profesionales del centro que estaban de vacaciones o libranza: médicos, enfermeras, anestesistas, intensitistas, traumatólogos… “Todos querían ayudar”, afirma orgulloso. 

Ahora que han pasado unos días desde el atentado, Canari remarca que el Hospital se ha volcado también en ayudar “por si algún profesional tiene algún problema”, sobre todo debido a síndromes postraumáticos. Para él es muy positivo el reconocimiento que se les hará en la manifestación del sábado, donde los equipos de emergencia sostendrán la pancarta delantera, pero asegura, convencido, que “la gran virtud no es solo de los profesionales médicos, sino de todas las personas que ofrecieron su ayuda, desde traductores a donantes de sangre”. Por eso concluye que “Barcelona se volcó, nosotros solo hicimos nuestro trabajo”, sentencia. 

“Nosotros también estábamos en shock

Una semana después de los atentados, Rocío Gamboa sigue trabajando en el apoyo psicológico a las víctimas y afectados por la masacre. Ella forma parte del Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE) para la Cruz Roja, y como tal tuvo que acudir al punto de atención que la entidad habilitó en el Hotel Palace. Vivió las primeras atenciones psicológicas a pie de calle. 

Su función ante los afectados, cuenta, era recuperar “su equilibrio emocional, que en aquel momento está roto”. “La atención psicológica primaria es esencial para preservar la salud mental, era necesario que la gente activara su capacidad de enfrentamiento”, explica esta psicóloga. Aunque añade también que, ante una situación tan inesperada, su tarea a veces consistió también ayudar a “cubrir las necesidades básicas”. Con ello se refiere a dar a la gente agua, pañales, cargadores de móvil…

Gamboa resalta que fue “impresionante” ver como todos los servicios presentes en La Rambla “trabajaban por el bien común”. “Nosotros también estábamos en shock y, en momentos así, una sonrisa, que alguien te toque la mano, es de agradecer”, expresa. Además de en el Hotel Palace, los días siguientes tuvo que acudir al hospital Vall d’Hebron y a la Ciutat de la Justícia a prestar apoyo a familiares de heridos y de víctimas mortales, respectivamente. 

“Había un silencio que parecía que iba solo en el taxi”

Cesc Roca estaba en el camping en el que veranea con su familia cuando se enteró del atentado. Rápidamente arrancó el taxi y bajó directo a Barcelona: “Mi deber está con mis compañeros y mi ciudad”, proclama. Según los protocolos internos de los taxistas, delante de cualquier situación de emergencia, hay que contactar con la Guardia Urbana de Barcelona para saber cómo ayudar: “Lo importante era llevar a las personas de un lugar a otro”, afirma.

Roca, como otros muchos compañeros suyos, llevaron a varios heridos a los hospitales –en su caso, sobre todo al Hospital del Mar–, pero también llevaron a gente a otros transportes públicos por si tenían que hacer trayectos fuera de la ciudad. “Así no se desaprovechaba el tiempo”, explica.

“Te quedas muy tocado por todas las emociones”, reconoce, “vas con cuatro personas más en el coche, pero con un silencio y tensión que parece que vas solo”. A partir de las 23 h un grupo más reducido de taxistas continuó por los alrededores de La Rambla, por si se les necesitaba.

El resto de conductores, entre ellos Roca, llenó los coches con agua y comida y se dirigieron a la Ronda de Barcelona, donde había muchos coches atascados desde hacía horas por la operación Jaula de control policial. Con los taxis parados en la zona alta de la ronda, bajaron a pie a socorrer a las familias, entregándoles agua y comida.

Al verles, algunas familias dejaban al conductor en el coche y el resto de la familia se podía ir a casa gracias a la ayuda del taxista. “Esa noche no pude dormir por todas las emociones vividas”, relata este taxista, que había estado en las Rondas hasta pasadas las 3:30 h de la mañana.

Por si eso no fuese suficiente, Roca participó en la muestra de pésame por parte de los taxista el sábado. “Eso ya fue demasiado. Ver cómo reaccionaba la gente que había en la ofrenda es un momento que no podré olvidar nunca en la vida”, asegura emocionado.

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Juan Cruz no está para bromas con ‘El Cordobés’

El autodenominado Estado Islámico publicó este miércoles un vídeo amenazante protagonizado por un joven yihadista español —’El Cordobés’, hijo de la malagueña Tomasa Pérez— que, lejos de cumplir su intención de crear pánico, se convirtió en materia prima para reírse de los terroristas. Sin embargo, a todo el mundo no le han hecho gracia los memes que inundaron Twitter. Tampoco a Juan Cruz, periodista de El País. 

El columnista se quejaba este viernes en su artículo “El terror y la broma infinita” de que las redes hayan hecho sátira de la amenaza de un terrorista: “Ahora se considera heroico reírse de los asesinos, como si el alma de éstos sufriera por la risa”. El objetivo de ISIS era atemorizar a la sociedad española, pero para Cruz reírse “no es un arma de combate” y nos aleja de aprender la lección: “Esta broma infinita con la que ahora queremos reducir el terror a la nada la pagaremos; es decir, la seguimos pagando. Pasa con la risa: mientras ríes no aprendes de lo que te está pasando”.

El periodista de El País ha reducido la mofa de las redes al acento andaluz (que en realidad se acerca mucho más a un acento árabe) con el que habla Abu Lais ‘El Cordobés’ en el vídeo difundido por ISIS, aunque la gran mayoría de las bromas no siguieron ese camino: “Imaginen que hubiera hablado alemán, o sueco, o inglés […] pero es que habla andaluz. Entonces la gente se ha partido de reír. ¡Ja, habla andaluz!”

Juan Cruz critica así el humor con el que se intenta afrontar la barbarie de ISIS y recuerda que tenemos que tener miedo: “Esa flecha está ardiendo y nos sigue apuntando. Pero una zona de la cara de España se está riendo”. Sin embargo, los tuiteros han criticado las opiniones de Cruz y han defendido el derecho a reírse como “una válvula de escape” para afrontar los ataques y las amenazas del autodenominado Estado Islámico.

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Juan Cruz no está para bromas con ‘El Cordobés’

El autodenominado Estado Islámico publicó este miércoles un vídeo amenazante protagonizado por un joven yihadista español —’El Cordobés’, hijo de la malagueña Tomasa Pérez— que, lejos de cumplir su intención de crear pánico, se convirtió en materia prima para reírse de los terroristas. Sin embargo, a todo el mundo no le han hecho gracia los memes que inundaron Twitter. Tampoco a Juan Cruz, periodista de El País. 

El columnista se quejaba este viernes en su artículo “El terror y la broma infinita” de que las redes hayan hecho sátira de la amenaza de un terrorista: “Ahora se considera heroico reírse de los asesinos, como si el alma de éstos sufriera por la risa”. El objetivo de ISIS era atemorizar a la sociedad española, pero para Cruz reírse “no es un arma de combate” y nos aleja de aprender la lección: “Esta broma infinita con la que ahora queremos reducir el terror a la nada la pagaremos; es decir, la seguimos pagando. Pasa con la risa: mientras ríes no aprendes de lo que te está pasando”.

El periodista de El País ha reducido la mofa de las redes al acento andaluz (que en realidad se acerca mucho más a un acento árabe) con el que habla Abu Lais ‘El Cordobés’ en el vídeo difundido por ISIS, aunque la gran mayoría de las bromas no siguieron ese camino: “Imaginen que hubiera hablado alemán, o sueco, o inglés […] pero es que habla andaluz. Entonces la gente se ha partido de reír. ¡Ja, habla andaluz!”

Juan Cruz critica así el humor con el que se intenta afrontar la barbarie de ISIS y recuerda que tenemos que tener miedo: “Esa flecha está ardiendo y nos sigue apuntando. Pero una zona de la cara de España se está riendo”. Sin embargo, los tuiteros han criticado las opiniones de Cruz y han defendido el derecho a reírse como “una válvula de escape” para afrontar los ataques y las amenazas del autodenominado Estado Islámico.

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El Ayuntamiento de Donostia clausura dos apartamentos turísticos ilegales del Arzobispado de Toledo

“Si para tus próximas vacaciones en San Sebastián estás buscando un apartamento acogedor con una situación inmejorable, entonces éste es perfecto para ti. Situado en un sexto piso de un edificio con ascensor, este alojamiento se encuentra en el mismo centro de la ciudad, a un paso de la Playa de La Concha y de la Parte Vieja”.

Éste es el anuncio de uno de los dos pisos propiedad del Arzobispado de Toledo que estaban en alquiler para turistas a través de una agencia y en distintas plataformas como Booking y con los que lograban rendimientos para financiar “misiones” en países como Perú y otros lugares de África.

El Ayuntamiento de la capital de Gipuzkoa (PNV y PSE-EE) ha ordenado recientemente su clausura al considerar irregular este alojamiento por encontrarse por encima de los primeros pisos del bloque, como dicta una ordenanza sobre hoteles y pensiones que será renovada la próxima semana en plena polémica sobre la masificación del turismo en San Sebastián y la proliferación de alojamientos ‘piratas’ en la ciudad, sobre todo en su Parte Vieja.

El entuerto se ha producido al conocerse que la casa, sin embargo, cumplió con su registro ante el Gobierno vasco siguiendo la nueva ley autonómica de 2016, como figura en todos sus anuncios.

Desde Toledo, portavoces del Arzobispado indican que entienden que no hay nada anormal en esta gestión inmobiliaria y que esperan hallar una solución satisfactoria más pronto que tarde.

¿Por qué tienen esos pisos? La archidiócesis recibió en herencia en 2014 dos viviendas de un médico donostiarra que pidió expresamente destinar ese patrimonio a fines sociales. Analizada la situación y teniendo en cuenta que Donostia está a la cabeza de todas las estadísticas inmobiliarias de España, los gestores eclesiásticos entendieron que la mejor manera para maximizar las rentas era entregar las llaves a una agencia especializada y preparar un apartamento con decoración minimalista y grandes ventanales en la zona más ‘chic’ de Donostia. En Toledo, explican estas fuentes, también se hacen estas mismas gestiones con otros inmuebles de titularidad eclesial.

Las propiedades del Arzobispado eran del gusto de los clientes, muchos de ellos extranjeros, a tenor de los comentarios en las distintas plataformas. Unos de ellos, canarios de procedencia, fueron quienes recibieron la inspección municipal durante su estancia, aunque pudieron completar sus vacaciones en la costa vasca.

Desde el Ayuntamiento insisten en que, en este momento de especial sensibilidad en torno al turismo, se está aplicando con rigor “la normativa actual” que marca que estos pisos “sólo pueden estar en las primeras plantas” de las viviendas y que en este caso no se pueden hacer excepciones aunque toda apunta a que el nuevo modelo que se conocerá en los próximos días será diferente.

Desde la agencia contratada por el Arzobispado de Toledo indican que “San Sebastián va un paso por detrás de la realidad” y de la normativa autonómica de 2013 y 2016 y que es eso lo que genera este tipo de embrollos. Según su gerente, todos los pisos de esta empresa, que pertenece al grupo Apartur y que colaboró en la redacción de la reciente Ley de Turismo, “tienen autorización del Gobierno vasco” y “pagan todos los impuestos” pero quedan fuera de la normativa municipal que sólo prevé licencias para pensiones y hoteles por ser previa al ‘boom’ de Airbnb o Homeaway. Y las limita, además, a los primeros pisos de los bloques.

“Hasta hace unos meses, el Ayuntamiento no actuaba en esta materia, pero ahora hay un clima muy especial y se está posicionando claramente para impedir apartamentos que no estén en los primeros pisos”, indica este empresario, que asegura que ellos defienden la “legalidad” de la actividad de todas sus casas autorizadas por el Gobierno vasco aunque advierten a los propietarios de posibles problemas si su apartamento es un piso alto.

En el caso concreto del Arzobispado de Toledo, según informó Gara, se recibió una notificación oficial en las viviendas afectadas y se ha iniciado un procedimiento que puede concluir en una multa de hasta 40.000 euros si no se clausura, aunque todo apunta a que no se llegará a ese extremo.

Un verano convulso

“Que quede claro que la Policía no saca a los viajeros de estos pisos. Y nosotros, que ya hemos clausurado apartamentos por este motivo, reubicamos a los viajeros”, explican desde Apartur. “Sí nos gustaría transmitir que el Ayuntamiento, aunque va tarde, está trabajando en buscar un marco estable a este problema y que nosotros estamos de acuerdo con ello. Nosotros siempre tratamos de adaptarnos a la normativa”, explican desde esta patronal turística con mano tendida hacia las autoridades locales de Turismo.

Esta polémica con el Arzobispado de Toledo ha sido la última en un verano convulso en San Sebastián en lo que a turismo se refiere. La ciudad acumula el 40% de los apartamentos de todo el País Vasco, casi 3.000, y en algunas áreas el 90% del parque de viviendas en alquiler es para uso vacacional, lo que dispara el mercado ordinario. Se han dado casos de arrendamientos interrumpidos al llegar el verano para maximizar el beneficio al ofertarlos por días en Internet. Se estima que ni la mitad de la oferta total está regularizada.

En las calles del centro de San Sebastián, la presencia de visitantes es evidentes. Muchos de ellos son extranjeros. En este sentido, la aparición de pintadas con el lema ‘Tourist, go home’ ha sido una constante en la primera parte del verano donostiarra. Asimismo, la organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha iniciado una campaña en protesta contra un “modelo” de turismo que entienden que precariza la economía y enquista el problema de la vivienda.

Desde el Gobierno vasco, el consejero Alfredo Retortillo ha defendido que no hay motivos para ver masificación en Donostia -“Euskadi no es Magaluf”- aunque sí concede que es necesario continuar regularizando el sector y “repartir” los “flujos” de visitantes tanto a lo largo del año como por toda la comunidad autónoma. Por otra parte, la Hacienda de Gipuzkoa ha colaborado con plataformas como Airbnb para elaborar un censo de propietarios de pisos turísticos de modo que se han localizado hasta 600 que no eran declarados.

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En busca de Santiago Maldonado

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Manuel Sacristán (1925-1985) como renovador de las tradiciones emancipatorias

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