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Pinchazos telefónicos revelan las coacciones de Marhuenda y el presidente de La Razón a Cifuentes y su equipo

La operación Lezo que investiga una trama de corrupción en el Canal de Isabel II durante la etapa del expresidente de la Comunidad Ignacio González se ha cobrado víctimas colaterales más allá de los 12 arrestados, incluido el propio González, su hermano Pablo y su mano derecha en la empresa pública, Edmundo Rodríguez, que este miércoles pasan la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Todos, incluido el que fuera todopoderoso presidente de Madrid, están acusados de integrar una “organización criminal” y de los delitos de prevaricacion, organizacion criminal, malversacion, cohecho, blanqueo, fraude, falsificacion documental y corrupcion en los negocios.

Pero además de esas graves acusaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado en la misma causa al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de su diario, Mauricio Casals, a los que investiga por coacciones sobre Cristina Cifuentes y parte de su gabinete. Fuentes de la investigación apuntan a que ambos directivos del periódico conservador trataron de extorsionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas fraudulentas en el Canal de Isabel II durante el mandato de González.

Según consta en las conversaciones telefónicas interceptadas a algunos de los imputados, el objetivo de Marhuenda y el presidente de su periódico era eximir de responsabilidades a Edmundo Rodríguez, el hombre del Canal en Latinoamérica, y protagonista de una ruinosa compra de una empresa brasileña a través de una maraña de sociedades en Panamá y cuyo dinero acabó en Suiza. 

En el sumario que continúa secreto, abundan los indicios sobre las presuntas presiones de Marhuenda y Casals a la cúpula de la Comunidad de Madrid y que, según las fuentes consultadas, incluyeron amenazas sobre campañas de desprestigio si el Gobierno de Cifuentes no relajaba su presión sobre la gestión de sus predecesores en el Canal.

Tras escuchar las declaraciones de los altos cargos del Gobierno regional, Velasco y los fiscales interrogarán este jueves a Marhuenda y Casals para que respondan por esas conversaciones incorporadas en el sumario. Ninguno de los dos directivos del diario han querido realizar manifestaciones, a la espera de su comparecencia en la Audiencia Nacional.

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