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Los seis “elementos probatorios” de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes

Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos “elementos probatorios” para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.

El referente a la financiación de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, es especialmente contundente a la hora de reunir indicios sobre la actuación de Cifuentes en su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, época en la que el empresario Arturo Fernández gestionó los restaurantes y cafeterías de la cámara.

Ese documento, fechado el 1 de marzo de 2017, concluye que existen indicios “de una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos -de la cafetería de la Asamblea de Madrid- y permiten asociar un nexo causal evidente respecto a la consecución de adjudicación por parte de la empresa Grupo Cantoblanco, con fecha posterior a efectuarse las importantes aportaciones económicas a Fundescam”.

Los indicios que reúnen los agentes aluden a que se excluyó a empresas del concurso investigado, se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que encabezaba Cifuentes.

Los investigadores señalan también que ese comité valoró con cero puntos a la empresa que competía con Cantoblanco en dos apartados con la excusa de que “no presentó ningún tipo de documentación al respecto”. Los representantes de esa empresa, sin embargo, certificaron ante la Guardia Civil que habían entregado esa documentación.

En ese informe señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el patronato de Fundescam, el Comité de Campaña y los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid. Además, compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”.

Hasta tres informes implican a Cifuentes

Esos indicios se agrupan en uno de los tres informes que implican a Cifuentes en la dinámica de financiación irregular del PP de Madrid. La Guardia Civil elabora otro con las declaraciones como investigados que prestaron ante los agentes el resto de implicados en el amaño del contrato para el Grupo Cantoblanco.

En ese otro informe, la UCO recoge que existió “una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida” a la empresa de Arturo Fernández, y detallan la operativa a partir de las declaraciones de Isaac Arturo Zubiri y María Merino, los otros dos integrantes del comité.

Esa operativa que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación era conocida por la tercera integrante. “Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada”, concluye el informe de la UCO.

Las declaraciones de Zubiri y Merino, que estamparon su firma en las adjudicaciones, y que han sido interrogados por ello, permitieron a los agentes conocer una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la licitación. “Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo”, relató Zubiri.

“Elementos probatorios” de dos delitos

Con las investigaciones que los agentes han ido plasmando en los sucesivos informes, estos señalan que existen suficientes “elementos probatorios” para acusar a Cifuentes de dos delitos. “Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”, señala el tercer informe, sobre las adjudicaciones a Cantoblanco.

A continuación, los agentes de la UCO incluyen la relación de personas contra las que se debería actuar por la comisión de esos dos delitos. La primera que incluyen es Cristina Cifuentes como “componente del comité de expertos en las licitaciones de los anos 2009 y 2011. Presidenta de la Mesa de contratación en las licitaciones de los años 2009 y 2011”.

Recuerdan en su informe que se trata de una persona que “ostenta en la actualidad el cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, encontrándose sujeta al aforamiento preceptivo según los estatutos de Ia Comunidad de Madrid”. Los agentes hacen esta aclaración porque el resto de investigados que avalaron los contratos con Arturo Fernández, y que no son aforados, han sido interrogados por la Guardia Civil. Todos menos Cifuentes.

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