El Comité de Bioética de España ha elaborado un informe hecho público este viernes sobre gestación subrogada en el que se opone a esta práctica y solicita un «marco común regulatorio» a nivel internacional que la prohíba. El organismo, que asesora al Gobierno sobre las implicaciones éticas de la biomedicina, asegura que algo así garantizaría «la dignidad de la mujer y del niño».
Aunque el Comité afirma que hay miembros del mismo que aceptarían una regulación de la gestación subrogada –siempre que compatibilizara el derecho de tener un hijo con el resto de derechos–, no alcanzan «a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual» porque las propuestas «regulatorias que se manejan y las experiencias de otros países son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y el menor».
El informe, elaborado a iniciativa propia, remarca que al Comité «no le corresponde traducir su parecer en una propuesta concreta de reforma legal», pero sí ofrece una serie de criterios entre los que pide que se dote «de eficacia legal» a la nulidad de los contratos, incluso cuando se celebren en el extranjero, para lo que propone sancionar a las agencias que se dedican a esta actividad.
El artículo 10 de la La Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida establece que «será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero». Además, la misma norma contempla que «la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto».
Sin embargo, el debate sobre la gestación subrogada y una posible regulación –que defienden algunas formaciones como Ciudadanos– se ha avivado en los últimos años. Debido a la controversia «presente en la opinión pública y en algunas instituciones» el Comité ha elaborado esta publicación, en la que expone dos asuntos a los que califica de «problemas jurídicos».
Por un lado, que en base a la ley la gestación subrogada esté prohibida en España y «sin embargo muchos españoles consigan ser padres recurriendo a ella en otros países donde es legal», explica. Por otro lado, asume que por el interés del niño o niña nacida de este proceso «el Derecho tiene que velar», entre lo que incluye reconocerle una filiación legal –una instrucción de 2010 instauró que estos niños podían ser inscritos como españoles en el Registro Civil–.
De ahí, dice el Comité, surge la segunda cuestión: «¿Se debe reconocer a los padres comitentes la filiación legal del hijo concebido por encargo, aunque se reconozca la ilegalidad del proceso, o resulta más coherente no reconocerla para desincentivar que sea un medio de conseguir lo que legalmente está prohibido?», se pregunta.
Por otro lado, reconoce que «si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas» porque la mayoría de los miembros del Comité entienden «que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio».
Como último criterio solicita que se asegure «una transición segura» para evitar que los niños y niñas que pueden resultar de los procesos de gestación subrogada a los que actualmente están accediendo ciudadanos españoles. Para ello, dice, «puede garantizarse que su filiación se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo».
Miembros homófobos y contrarios al aborto
El Comité de Bioética, formado por una mayoría conservadora, no ha estado exento de polémica en los últimos años. Sobre todo, a raíz de la incorporación de los nuevos miembros en 2013, que nombra el Gobierno y las comunidades autónomas, que todavía permanecen. Entre ellos se encuentra Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).
Contrario al aborto y de ideas conservadoras, Jouve de la Barrera ha calificado la homosexualidad de «irregular y desordenada» en un artículo titulado «La homosexualidad a la luz de la genética», en el que trataba de justificar desde la ciencia la inmoralidad de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Jouve de la Barrera es presidente de CiViCa (Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida), que surgió a raíz de la reforma del aborto aprobada por Zapatero.
Entre otros de los integrantes del Comité se encuentra también Vicente Bellver, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, que tal y como publicó tras su incorporación La Marea es abiertamente contrario a la investigación con células madre embrionarias y el aborto. Otra miembro, Natalia López Moratalla, ha defendido que el aborto voluntario produce problemas psiquiátricos en las mujeres.
Varios de los miembros del Comité se han mostrado en ocasiones contrarios al aborto, entre ellos su presidenta, María Teresa López. Estos nombramientos se hicieron poco antes de que el organismo tuviera que emitir su informe sobre la restrictiva reforma de la ley del aborto que preparaba Gallardón y que finalmente fue retirada. En junio de 2014 fue publicado, avalando la propuesta del exministro de Justicia. Cinco miembros discrepaban del resultado final porque pedían que el aborto sí fuera permitido en caso de malformación del feto.
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