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Dos años de Manuela Carmena en Madrid: lo que ha cambiado y lo que quiere cambiar

“Que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen. Somos sus servidores”. Desde que Manuela Carmena lanzara esta petición a los madrileños se cumplen ya dos años, la mitad de su mandato. Este martes 13 de junio es el segundo aniversario desde que la candidata de la “ilusión” tomara el bastón de mando de la Alcaldía de Madrid tras conseguir desbancar a Esperanza Aguirre. Se acababa así con 24 años de gobiernos del Partido Popular.

Junto a ella aterrizaban en la institución un equipo de personas que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representa Ahora Madrid se ha traducido en tensiones en el seno del Gobierno, que Carmena ha intentado enmarcar siempre dentro de lo “normal” y “saludable”. Pero en estos dos años, más allá de esas divisiones, también se han abierto cajones. Y se ha apostado por otro modelo de gestión diferente al de las últimas dos décadas.  

Carmena aceptó “con muchísimo gusto” convertirse en la regidora de la capital. Hoy el debate, en el ecuador de su legislatura, está centrado en su sucesión: en quién podrá volver a despertar esa ilusión de cara a los comicios de 2019. La alcaldesa ha repetido hasta la saciedad que su mandato se limitará a los cuatro años, pese a la llamada de unos y otros por que apueste por continuar. Ella, de momento, aunque sea hacia afuera, prefiere centrarse en su Gobierno que todavía presenta numerosos retos para la siguiente mitad del mandato. 

Gestión económica: menos deuda, más inversión social

Madrid reduce su deuda es el titular que más se ha repetido en la prensa desde que gobierna Ahora Madrid. Carlos Sánchez Mato llegó a la Concejalía de Economía y Hacienda con muchos desafíos por delante y uno de los más importantes era el de cuadrar unas cuentas marcadas en rojo, tras casi un lustro de Partido Popular.

A mediados de 2015, la deuda de la capital era de 5.637 millones de euros. Esa cifra se ha reducido en unos 2.000 millones, situándose actualmente en menos de 3.700 millones. La intención es dejarla por debajo de la mitad al término de la legislatura, un ritmo de amortización que destaca aún más si cabe los más de 1.100 millones de euros de superávit con los que ha cerrado sus cuentas en 2016 el Ayuntamiento de Madrid. 

A pesar de la buena nueva, Cristóbal Montoro no es tan optimista en el diagnóstico. El enfrentamiento entre el ministro y el consistorio por la interpretación de la regla de gasto se encuentra en estos momentos en los juzgados de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras ser admitido a trámite el recurso presentado por Sánchez Mato contra las exigencias de Montoro.

Para Hacienda, la corporación local ha incumplido durante dos años la Ley de Estabilidad Presupuestaria y exige recortes para este ejercicio de más de 200 millones, pese a ser uno de los municipios que más ha ayudado a cuadrar las cuentas del Gobierno de Rajoy. 

Con todo ello, Ahora Madrid ha aumentado el gasto social un 26% y paga la deuda, mientras intenta cumplir con lo que realmente decía sobre esto su programa electoral: poner en marcha una auditoría “bajo control técnico y ciudadano” para evaluar “el impacto de las medidas de privatización y el desmantelamiento de lo público”. Las comisiones de investigación buscan ese propósito y ya se ha fiscalizado la venta de viviendas sociales a fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella y está investigándose desde el pasado martes las obras de la M-30 y el modelo de gestión escogido por Alberto Ruiz Gallardón.

La larga lista de cuestiones que quería investigar el equipo de Gobierno parece difícil de poder llevarse a cabo durante esta legislatura. Otra de las medidas encaminadas en ese sentido se anunció tras cumplirse un año de la legislatura: la auditoría ciudadana, que por el momento está en fase de desarrollo y de la que ha trascendido poca información. 

Participación ciudadana

Los madrileños se han enfrentado a las urnas durante esta mitad de la legislatura, pero no para elegir representantes políticos sino para decidir cuestiones relacionadas con la ciudad. Se trata de una apuesta política que están copiando ya otras ciudades, también fuera de nuestras fronteras. El gran salto en el imaginario colectivo se produjo con la consulta de febrero cuando miles de madrileños se sumaron a dictaminar cuestiones planteadas por el Ayuntamiento como la remodelación de la Gran Vía y la Plaza de España, pero también propuestas ciudadanas. 

Otro de los procesos que más trascendencia está teniendo son los presupuestos participativos. El Ayuntamiento de Madrid ha destinado este año 100 millones de euros para proyectos de mejora de la ciudad que proponen directamente los ciudadanos. En 2016, los cuantía fue de 60 millones. Además, el equipo de Pablo Soto, al frente de la Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia, ha desarrollado un software libre para que cualquier ciudad del mundo pueda copiar la tecnología desarrollada para los presupuestos participativos y un equipo del consistorio se dedica a ayudar a otros municipios a instalar el sistema. 

Los foros locales tienen también que ver con la participación, pero además están encaminados a dar más autonomía a los distritos acabando así con la centralización. Este proceso de participación vecinal se ha configurado para que las personas definan propuestas que los concejales están obligados a remitir a la administración pública. Las propuestas que se salen adelante en los foros son elevadas al pleno del distrito por el concejal donde se decide si se aprueba o no, antes de llegar a la Junta de Gobierno. En este sentido, se ha aprobado recientemente la nueva estructura de las Juntas Municipales de Distrito, base de la descentralización en la que trabaja el equipo de Gobierno, con el fin de que puedan asumir más competencias.

Estos dos años han servido también para acabar con diez años de incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica en las calles de la ciudad. El callejero automático ya cuenta con 52 calles y lugares con nuevos nombres. Las nuevas denominaciones recuperan el nombre anterior de las calles o rinden homenaje a mujeres ilustres e instituciones pedagógicas, entre otras. En cambio de las placas se producirá a partir de finales de junio. 

Movilidad y contaminación 

El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Madrid protagonizó dos grandes polémicas. La primera vino por el cierre de la Gran Vía durante el puente de la Constitución y Navidad; la otra fue la aplicación del escenario 3 el último jueves del año, prohibiendo la circulación de la mitad de los vehículos por la almendra central de la ciudad debido a los altos índices de contaminación. La última medida fue histórica en España, pero todavía queda mucho por hacer.

Madrid, junto con Barcelona, está a la cola de las ciudades europeas en cuanto a la lucha contra la contaminación del aire que respiran sus ciudadanos. Ambas salen mal paradas en el ranking Sootfree de la Oficina Europea del Medio Ambiente que evalúa las medidas, política y logros que estas poblaciones acumulan durante cuatro años. 

El plan de mejora del aire presentado en 2016 es ambicioso y plantea la peatonalización de gran parte del centro de Madrid. Sin embargo, todavía no hay detalles claros sobre cómo será porque aún está en fase de negociación con el resto de grupos municipales. El primer gran cambio en este sentido se producirá cuando terminen las obras de la Gran Vía previstas para finales de año, que ampliarán aceras dejando menos espacio para los vehículos.

Aguirre deja la política

Aunque la salida de Esperanza Aguirre no está directamente relacionada con la gestión del Gobierno municipal, merece una mención. Con Carmena como candidata, el PP perdió la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. La popularidad de Aguirre frente a los suyos, que Mariano Rajoy no se atrevió a cuestionar, se vio debilitada tras perder la mayoría absoluta en el consistorio sin la posibilidad de recabar los apoyos necesarios para gobernar. 

Eso, sumado a los constantes escándalos de corrupción que han multiplicado por incontables el charco de ranas de la líder conservadora, obligaron a Aguirre a dejar la política, esta vez parece que para siempre. La primera dimisión tras la pérdida de apoyos en las urnas se produjo en 2015 tras el registro de la sede madrileña del Partido Popular. 

Los retos más importantes

Los retos no son pocos para la alcaldesa de cara a la segunda mitad de la legislatura, algunos se han enumerado a lo largo del artículo. La limpieza de la ciudad sigue estando pendiente, un asunto heredado y del que no se ha logrado dar con la solución. Es el tema por el que más críticas recibe de la oposición y Ahora Madrid lo achaca a los contratos blindados del Gobierno de Botella. Una de las medidas anunciadas más recientemente es la contratación de otros 800 barrenderos más en la ciudad a partir de este mayo y el aumento de las calles consideradas como principales a prácticamente el doble. 

Junto a la limpieza, la gentrificación del centro de la ciudad es otra de las grandes cuestiones que más despierta malestar en la ciudadanía. Los precios de los alquileres se han disparado, expulsando a las personas a la periferia. El Ayuntamiento ha puesto en marcha ya medidas encaminadas a revertir esta situación, aunque queda mucho por hacer y las competencias recaen principalmente en la Comunidad de Madrid. El estudio encargado a expertos, cuyos resultados se conocieron hace poco más de un mes, arroja varias soluciones que copian los modelos ya puestos en marcha en otras ciudades europeas y que la Administración de Carmena tiene el reto de aplicar en estos dos años. 

Finalmente, uno de los desafíos más importantes de la segunda mitad del mandato de Carmena pasa por la puesta en marcha de políticas de igualdad que funcionen. Revertir el aumento de asesinatos machistas es una urgencia, pero también esta sobre la mesa acabar con las desigualdades de género. Una de las principales promesas de Ahora Madrid fue la concejalía de Igualdad, un compromiso que no ha llegado hasta casi la mitad de la legislatura. La encargada de gestionar ahora este reto es Celia Mayer, tras su polémica salida de Cultura. En estos dos meses, el nuevo departamento se ha puesto como prioridad los asesinatos machistas a través de la puesta en marcha de los comités de crisis. Queda por ver qué consigue hacer este área y todas las demás en los dos años escasos que quedan por delante. 

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