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Techo de gasto: las “zanahorias” de Montoro para lograr apoyos no llegan a los Ayuntamientos

Con 175 votos a favor y una abstención, el Gobierno ha logrado sacar adelante este martes el techo de gasto para 2018. Una vez más, con la mitad del Congreso de los Diputados en contra, Cristóbal Montoro consigue aprobar sus medidas económicas gracias a una estrategia basada en el intercambio de cromos, o de “zanahorias para la negociación”, según él mismo ha bautizado recientemente.

Uno de esos trueques ha sido la rebaja del IRPF pactada con Ciudadanos, pero han habido más. Por primera vez desde que se pusiera en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, el ministro de Hacienda permitirá a una administración gastar su superávit. Será a una comunidad autónoma: Canarias. La decisión de Montoro contrasta con la línea que ha llevado estos últimos años con los ayuntamientos, con los que ha sido inflexible respecto a la regla de gasto. 

Montoro ha llegado a ese acuerdo con Coalición Canarias (CC) que gobierna en las islas para tener su apoyo en el consejo de política fiscal y financiera y sacar adelante así la nueva senda de estabilidad. Para el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, con esta concesión a Canarias el Gobierno de Mariano Rajoy está actuando “de manera diferencial”. “Lo que se demuestra es que esto depende de un ministro y su conveniencia”, añade Sánchez Mato. Para el edil es razonable que Montoro permita gastar el superávit a Canarias, pero debería ser igual para todos.

El techo de gasto para el próximo año, que se ha aprobado este martes gracias a los votos de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y la abstención Nueva Canarias, ha fijado el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en un 0,4%, una décima más que la anunciada en un principio. Esto permitirá a las autonomías gastar en conjunto 1.000 millones de euros más. En esta ecuación, Canarias se quedaba fuera, ya que el Gobierno canario tiene previsto terminar el año con superávit, lo que no le permitía beneficiarse de ese déficit de más. 

El presidente canario (CC), Fernando Clavijo, puso precio a su apoyo: que Montoro les permitiera gastar ese remanente de tesorería que actualmente no contempla la ley de Estabilidad Presupuestaria y el ministro aceptó. 

La opinión del doctor en Economía y representante de Aragón en el grupo de expertos que abordan las bases del futuro modelo de financiación autonómica, Alain Cuenca, va en la misma línea que la de Sánchez Mato. Pata Cuenca “no es comprensible” que las corporaciones locales sigan ahorrando 7.000 millones cada año y “debería hacerse con ellas lo mismo que ha hecho Montoro con Canarias”. 

Cuenca cree que se trata de una cuestión de “voluntad política” que el ministro está teniendo ahora porque necesita los votos de CC pero que debería aplicarse también a los ayuntamientos. En el caso concreto de Madrid, el economista considera que el Ayuntamiento de Manuela Carmena “está cumpliendo” porque cierra las cuentas con superávit y devuelve deuda a un ritmo acelerado.

“El sentido común diría que Madrid está cumpliendo, pero es verdad que el Gobierno hace una interpretación de la regla de gasto diferente. La interpretación es la cuestión que ahora está sobre la misma, y Montoro dice que Madrid no cumple pese a que el Estado lo incumple también, añade. 

El pulso entre Cristóbal Montoro y el Ayuntamiento de Madrid se encuentra en estos momentos en los tribunales. El ministro de Hacienda exigió a la corporación local una “no disponibilidad de crédito” por un importe mínimo de 238 millones de euros tras incumplir la regla de gasto en 2016. Le pide recortes por ese importe para las cuentas de este año, por gastar ese dinero de más el año anterior, según su interpretación. Daba igual que el Consistorio de la capital hubiera cerrado las cuentas con 1.024 millones de superávit y devuelto 923 millones de deuda.  

Los ayuntamientos salvan las cuentas del Estado

Los últimos años, este incluido, el Gobierno ha fijado el déficit de las corporaciones locales en el 0%. Esto supone que los ayuntamientos no pueden gastar más de lo que ingresan, pero lo cierto es que, no solo no están gastando más, sino que muchos municipios están cerrando sus cuentas en positivo, es decir, con superávit. La Ley de Estabilidad presupuestaria impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española (regla de gasto), por tanto, no pueden gastar ese superávit sino que solo pueden destinarlo a pagar deuda. 

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda por la regla de gasto ha sido el más mediático de todos, pero el malestar en las administraciones locales es general. La mayoría de municipios pide desde hace meses una nueva interpretación de la regla de gasto más justa para las corporaciones locales que ven reprimidas sus inversiones y, a la vez, sustentan con su ahorro las cuentas del Estado. 

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, llevan meses pidiendo una flexibilización de la regla de gasto para las corporaciones locales. Además más de 600 alcaldes, concejales y diputados autonómicos firmaron en octubre un manifiesto contra la ley de Estabilidad Presupuestaria y pedían su derogación. 

Los más de 7.000 millones de euros de superávit que lograron los ayuntamientos en el pasado ejercicio permitieron que el Gobierno de Rajoy esquivara un nuevo desvío presupuestario y cumpliera por primera vez con Bruselas, incluso cerrando las cuentas mejor de lo planeado. La administración central no logró cuadrar su objetivo de déficit del 2,2% y se desvió en tres décimas, algo más de 3.000 millones de euros, que pudo sortear gracias a las 0,64 de superávit del conjunto de los ayuntamientos (más de 6.000 millones de euros). 

Para Sánchez Mato, no tiene sentido que se fije el déficit de las corporaciones locales en el 0% y a la vez no se les deje gastar el superávit porque el resultado son cuentas en positivo y no empatadas a cero. 

“Las corporaciones locales son las grandes olvidadas porque necesitan nuestro superávit para poder relajar condiciones de déficit de otros subsectores de las Administraciones Públicas”, defiende el concejal de Hacienda de Madrid. “El Gobierno está haciendo acuerdos económicos de pasteleo, como la reforma fiscal por la puerta de atrás, para conseguir los apoyos y en esa ecuación es evidente que no entramos las corporaciones locales”. 

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