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Los fiscales abren un nuevo frente contra Catalá por el ‘papel cero’ en la Justicia

“La Fiscalía General del Estado vive en una situación de parálisis sin precedentes en las últimas décadas”. Así comienza el comunicado conjunto de dos asociaciones fiscales en el que alertan sobre las complicaciones de implantar el ‘papel cero’ en la Justicia. La mayoritaria ha pedido la paralización inmediata de ese proyecto.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, mantiene un calendario para la digitalización de la Fiscalía que sus integrantes ven irrealizable. Las asociaciones, que ya doblaron el brazo del ministro y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuando forzaron la dimisión de Manuel Moix al frente de Anticorrupción, se unen de nuevo para hacer un frente común.

El sistema de ‘papel cero’ entró en vigor el 1 de enero de 2016. El objetivo era que todas las comunicaciones y trámites jurídicos se realizasen de manera electrónica. No era una opción, sino una imposición desde el Ejecutivo. Sus diferentes etapas se han ido cumpliendo desde entonces, no sin dificultades y con la oposición de jueces, fiscales y abogados.

Uno de los apartados del sistema ‘papel cero’ es el plan de acción específico para las fiscalías. El objetivo era poner al servicio de los fiscales “el sistema de información y la red de comunicaciones plenamente integrados”. 

Las tres asociaciones, la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) -esta última sin representación en el Consejo Fiscal-, han cargado esta semana contra el plan por sus deficiencias. Negociaron durante el pasado fin de semana elaborar un comunicado conjunto pero no hubo acuerdo.

Un problema y dos culpables

UPF y Apif elaboraron su propio texto. En él cuestionan que la finalidad “político-mediática” de la estrategia de papel cero se ha antepuesto “a cualquier obstáculo de los muchos que derivan de su deficiente planificación e incompetente ejecución”. El sistema es “ineficiente” y obliga a “utilizar de manera simultánea cuatro aplicaciones informáticas distintas”, lo que “ralentiza de manera exasperante el trabajo diario de los Fiscales”.

Por su parte, la conservadora AF llama la atención sobre “la frustración por los escasos, por no decir nulos, beneficios que se han obtenido hasta el presente”. Alertan de que ignorar los riesgos de la implantación del ‘papel cero’ puede suponer su fracaso total, y con ello acabar con la posibilidad de erradicar el papel en la Justicia. Donde se ha puesto en marcha, añaden, ha generado “unas disfunciones intolerables”.

Las asociaciones coinciden en el diagnóstico, pero difieren en el culpable. Los progresistas señalan a Maza y a su Unidad de Apoyo porque, critican, dieron el visto bueno al plan sin consensuar nada con las asociaciones y sin trasladar al Ministerio que era irrealizable.

Los conservadores centran sus críticas en el ministro de Justicia, “autor y último responsable del proyecto”. “Nadie más que el Ministerio será responsable del mismo; nadie más que la propia Administración será la autora de la digitalización”, insisten.

Un calendario impuesto

El detonante ha sido la publicación de un calendario de implantación del apartado que afecta a la Fiscalía. Esos plazos obligan a que dentro de un año, todos los órganos del Ministerio Público en las distintas provincias y tribunales hayan completado su transición al papel cero. Es un cambio gradual, así que para algunas delegaciones la fecha límite llega mucho antes y no están preparadas.

El sistema se ha probado como experiencia piloto en Badajoz y Valladolid. En esta última fiscalía la prueba iba a durar tres meses y ya va para un año, porque no se han solucionado los problemas. El sistema necesita de cuatro aplicaciones que no funcionan correctamente y los fiscales alertan de los “muchos perjuicios” que les supondrá que el sistema se ponga en marcha sin solucionar sus deficiencias.

El miércoles se celebró un Consejo Fiscal en el que sus miembros participaron mediante videoconferencia. En él acordaron celebrar uno extraordinario en septiembre en el que solo se trate la transición al papel cero. En esa reunión participarán los jefes de las fiscalías de Valladolid y Badajoz para explicar los problemas que están experimentando.

Por ahora, no parece que Justicia o la Fiscalía General del Estado vayan a dar marcha atrás. Catalá no ha cedido a las quejas continuas de las asociaciones de jueces y abogados, mientras que Maza ha rechazado las críticas. Aunque ha admitido los problemas, ha asegurado que no se puede “poner piedras para que no se avance en el terreno de la digitalización”.

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