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Tres vías para sacar a la Fundación Franco del Pazo de Meirás: ilegalización, compra o expropiación

Mientras el Pazo de Meirás sea de los Franco, la única salida para impedir que las visitas públicas obligatorias sean gestionadas por la Fundación Nacional Francisco Franco, elegida por los herederos del dictador, es que esta organización cayese en la ilegalidad. 

La fundación aseguró cuando se supo que había recibido este encargo que utilizaría los recorridos guiados para divulgar “la grandeza de Franco”. Dicho y hecho, uno de sus portavoces, Jaime Alonso, ha aprovechado este jueves una entrevista televisiva en La Sexta para afirmar junto al propio edificio que esa dimensión del dictador “se proyecta más allá de la vida de Franco”. También ha asegurado que él “no fusilaba. Conmutaba o no conmutaba penas en función de la gravedad. En esa época fusilabas o te fusilaban”.

“Es una locura que esta fundación esté ahí”, reflexiona el abogado memorialista Eduardo Ranz que considera que la organización franquista incumple la ley de fundaciones al no perseguir “fines de interés general”, como exige el articulado.

La norma enumera, entre otros fines, “la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos” o incluso “la promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos”. “No creo que se le puedan aplicar”, analiza Ranz.

Lo que ve más difícil este abogado, que lleva casos como el de las exhumaciones en el Valle de los Caídos y numerosas acciones contra ayuntamientos por mantener homenajes al franquismo y sus figuras, es aplicar la ley de Memoria Histórica. “Tendría que darse una exaltación concreta, demostrarse y que se haga dentro del pazo, que es un espacio privado. Luego determinar si ese bien de interés cultural recibe fondos de dinero público”, analiza.

Desde luego la ley de Memoria busca que los símbolos y monumentos no sirvan para “la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura” en la idea de que “los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”.

Con todo, la intervención del portavoz de la fundación puede haber servido como ejemplo del discurso que puede esperarse al visitar el Pazo de Meirás con su guía: “Creó la Seguridad Social y todo el entramado político, económico y social que hemos disfrutado”, ha dicho para luego justificar el golpe que derivó en la Guerra Civil diciendo que se trató de una manera de “rebelarse contra esa tiranía que se iba a imponer”.

La Xunta se muestra incapaz

Lo que no parece que pueda aguardarse es una actuación por parte del Gobierno gallego. La Xunta se ha declarado incapacitada para tomar acción alguna mientras se respete la legalidad. Tampoco el partido que sustenta al presidente Alberto Nuñez Feijóo está muy por la labor de cambiar el statu quo: el PP rechazó una proposición de ley presentada por la oposición en el Parlamento regional para convertir el pazo en inmueble de titularidad pública.

El Pazo de Meirás, propiedad histórica de la familia Pardo-Bazán, pasó a las manos del dictador en 1938 por decisión de las autoridades franquistas. De estilo romántico, solo el breve periodo en el que el PSOE y el BNG gobernaron en la Xunta hizo que fuera declarado bien de interés cultural (BIC) en 2008. Eso obliga a los dueños a permitir las visitas del público.

Pero no modifica su titularidad: privada. Quitando la posibilidad de que los Franco quisieran vender y recibieran una oferta de dinero público, la ley de Patrimonio contempla las expropiaciones forzosas de bienes privados considerados patrimonio pero para el caso de que no estén “conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios”. También lo permite si están en “peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores”. Poco más. 

Los herederos de Francisco Franco, incluida su esposa Carmen Polo, siempre han despreciado la obligación del abrir el pazo. Recurrieron a los tribunales la declaración de bien hasta que el Tribunal Supremo zanjó el asunto en su contra en 2010. Más tarde, fueron inspeccionados por, aparentemente, dejar sin servicio el teléfono habilitado para concertar las visitas.

Finalmente, han concedido la organización y guía de los itinerarios públicos a una fundación de la que la misma Carmen Polo es presidenta de honor. “Eso también cuestiona la condición legal de la organización ya que su actividad no puede beneficiar a sus patronos”, remata el abogado Ranz.

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