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Tres años de gestión de Catalá en Justicia: un Ministerio fallido

Recién aterrizado en el Ministerio en septiembre de 2013, Rafael Catalá, desplegó una ingente campaña propagandística para intentar apagar los incendios heredados de Alberto Ruiz Gallardón. Papel cero fue uno de sus principales eslóganes: se trataba de que el primer día de 2016 todos los procedimientos estuviesen informatizados. Durante los meses siguientes a la entrada en vigor del plan, los funcionarios de Justicia incrementaron un 30% los pedidos de material de oficina. Los documentos siguen llegando en soporte digital a los juzgados pero allí jueces, fiscales y secretarios deben imprimirlos para trabajar con ellos, dado que no disponen de herramientas suficientes para operar desde el ordenador.

Año y medio después, cualquiera que se mueva por las tripas de los juzgados sabe que el papel sigue inundando despachos y pasillos y que el proceso completo hasta llegar a juicio está lejos de digitalizarse.

Es solo un ejemplo de la era Catalá al frente de Justicia, un ministro reprobado por el Congreso de los Diputados, al que ha chamuscado la crisis de la Fiscalía Anticorrupción y el caso Moix, su preferido y el de José Manuel Maza para ese puesto clave del ministerio público y en el que apenas aguantó cuatro meses. La salida de Catalá la han reclamado los partidos políticos de la oposición, pero también asociaciones de fiscales y secretarios de juzgados, que le culpan del caos en que está sumido el mundo de la justicia. 

Otro de sus programas estrella que pretendía acortar a seis meses la instrucción de los jueces en los procedimientos penales ha constituido un fiasco tal, que miles de causas tuvieron que ser declaradas complejas en junio de 2016 sin haber sido estudiadas para evitar el archivo de todos esos casos. Ni el propio Catalá fue capaz entonces de cuantificar las causas. La tramitación de los procedimientos sigue al mismo ritmo que antes de los rimbombantes anuncios ministeriales, mientras las asociaciones de jueces, de fiscales y de secretarios de juzgados, sostienen que nada cambiará mientras no se dote a la Administración de Justicia de medios con los que poder aliviar los plazos. 

Para colmo, la semana pasada se conoció un gigantesco boquete en la seguridad del sistema informático por el que circulan las comunicaciones de los jueces al resto de partes implicadas en las causas que permitía acceder a miles de expedientes con información sensible. Catalá y su equipo fueron informando a través de Twitter de las trabajos para solucionarlo pero ningún cargo de Justicia ha asumido responsabilidades por el escándalo ocho días después.

Este cúmulo de fracasos ha alineado a las asociaciones de jueces y fiscales contra Catalá. Hasta las más conservadoras, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), apostilla la “buena disposición del ministro para compartir inquietudes” añadiendo que “buena parte de nuestras demandas no se ven cumplidas”. Así lo dice Celso Rodríguez, portavoz de esta asociación de jueces, conservadora y mayoritaria en la judicatura.

Apunta a que muchas de estas reivindicaciones vienen desde hace años, pero lo cierto es que con este Gobierno tampoco han encontrado una respuesta adecuada. En primer lugar, apunta a la necesidad de ampliar la plantilla de jueces partiendo de “una reestructuración”, de un nuevo modelo judicial. En esa falta de medios personales también coincide Ignacio González, de Jueces para la Democracia (JpD).

En su opinión, esta es “una legislatura perdida”, que nació con grandes expectativas gracias a un Parlamento fraccionado que hacía pensar en posibles consensos, pero en la que aún no se ha avanzado en nada. Más bien lo contrario.

Lo mismo cree Emilio Rodríguez, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien define el desempeño de Catalá como una sucesión de “errores encadenados”. La Asociación de Fiscales, mayoritaria y conservadora, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es

Entre los distintos actores implicados, hay consenso en que uno de los mayores errores del ministro es la reforma de los plazos de instrucción, la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. “El caos que se vaticinaba al principio no se ha producido, no se ha producido un archivo masivo de causas, pero sí es verdad que algunas causas penales se han archivado con una instrucción incompleta”, alerta Celso Rodríguez.

La UPF va más lejos y su portavoz define ese límite temporal como “una guillotina sobre los procedimientos”. Desde Jueces para la Democracia Ignacio González destaca que los instructores se ven obligados a hacer reinterpretar la ley para “salvar procedimientos” y evitar así “la impunidad” en ciertos casos.

Jueces y fiscales entienden que hay que hacer algo por acelerar los tiempos de la Justicia, pero coinciden en que la reforma de los plazos nunca estuvo bien planteada. “No fue acompañado de una dotación de medios personales y materiales”, afirma Celso Rodríguez. “De nada vale fijar plazos de instrucción cortos cuando los plazos de enjuiciamiento se alargan”, añade el recién nombrado portavoz de la UPF.

El fiasco del papel cero

JpD une este fracaso de Catalá al del papel cero. En este punto, Emilio Fernández reclama que se haga una parada en el proceso de digitalización: “que no sigan en la huida hacia delante, que se detengan porque no funciona, lo mejor es no seguir cerrando los ojos, lo mejor es parar y repensarlo”. Porque, añade, mientras este sistema no funcione mejor que el papel impreso, “no se utilizará”. Celso Rodríguez apuesta por mejorar la coordinación entre las distintas administraciones para superar “el actual funcionamiento de los sistemas informáticos”, pero advierte de que “esto exige dinero”.

Los erráticos movimientos de Catalá y su equipo han provocado que los miembros del Poder Judicial se encuentren bajo la dirección de un ministro reprobado por el Congreso. La APM prefiere no valorar lo que considera una cuestión de índole “puramente político”, pero desde JpD sí ven consecuencias para su trabajo al frente de Justicia. “Tememos que pueda suponer una pérdida de peso dentro del Gobierno, un debilitamiento político que le incapacite para tomar ciertas decisiones” afirma Ignacio González.

“Puede tomarse como algo anecdótico, pero en el fondo quiere decir que la mayoría del Congreso cree que esa gestión no es correcta. Eso le debería haber llevado a dimitir, pero ha emprendido una huida hacia delante y ahora su gestión es mucho peor, basta recordar la última semana”, concluye el portavoz de la UPF.

Malestar de secretarios judiciales y abogados

El colectivo de los secretarios judiciales también han exigido la marcha no solo de Catalá sino de todo su equipo. La portavoz de Sindicato de Letrados de Administración de Justicia (SISEJ), Abigail Fernández, sostiene que los principales problemas son heredados de la época de Gallardón, en el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

“Entonces se suprimió la dirección general de Modernización de la Justicia, de la que estaba al frente el juez José de la Mata, y con ella desapareció la planificación de las líneas maestras del ministerio. Veníamos de reformar muy ambiciosas efectuadas en 2009 -una de ellas sirvió para atribuir competencias al cuerpo de secretarios judiciales- que nos dotaron de atribuciones para intentar agilizar la justicia y descargar de trabajo a los jueces y se ha paralizado la modernización. Todo lo que se ha hecho desde entones -y ha habido intentos de desarrollo tecnológico- ni se ha planificado ni ha tenido un seguimiento. Todavía no sabemos cuáles son los objetivos de este equipo, más allá de sus eslóganes”.

Los secretarios judiciales han sufrido en carne propia el fracaso de la estrategia papel cero y el pretendido acortamiento de los plazos de instrucción. “Nos parece difícil reconducir la situación en el ministerio con el actual ministro, nosotros hemos pedido la dimisión de su equipo empezando por él y por el secretario general, Antonio Bravo”.

El descontento es general y compartido por los abogados. En un tono más suave, también la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido cambios en la aplicación de los plazos para acelerar la instrucción de las causas penales y exigido responsabilidades por el agujero de Lexnet.

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