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¿Es legal que la Guardia Civil sustituya a trabajadores en huelga en El Prat?

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que el lunes enviará un número “significativo” de guardias civiles al aeropuerto de El Prat para “garantizar la seguridad” ante la continuidad de la huelga de los trabajadores de seguridad privada de Eulen. Ha llegado a recordar que España está en estado de alerta terrorista. Dicho de otro modo, va a paliar los efectos de la movilización, lo que chocaría con el derecho a huelga, que impide que los trabajadores que ejercen este derecho sean sustituidos. ¿Es esto legal?

Según recuerda el abogado laboralista Fabián Valero, en servicios esenciales a la comunidad se puede limitar el derecho de huelga si existe riesgo para la seguridad.

“Deben estar intentando una jugada parecida a la de los controladores”, opina. Sin embargo, hay diferencias entre la huelga de controladores aéreos que provocó el envío del Ejército al aeropuerto de Barajas. “Aquí es mucho más discutible que en el caso de los controladores”, afirma Valero, ya que “no hay riesgo para la navegación aérea”, y aunque haya más colas “el nivel de seguridad en el control no ha disminuido”.

De hecho, según recuerdan fuentes del comité de empresa de Eulen, precisamente las mayores esperas se están generando por un control más exhaustivo de las maletas y bultos de los viajeros, en una suerte de huelga de celo. “Antes sí que había vulneración de la seguridad, la mitad ni se miraba, y llevamos años en alerta terrorista”. La opinión de este trabajador, que prefiere mantener el anonimato, es que cuando hay una huelga “no se puede sustituir a los trabajadores privados por funcionarios”, en este caso de la Guardia Civil. 

Sí reconoce que es cierto que existe un mayor riesgo de altercado en las colas al haber más personas esperando durante más tiempo, pero insiste que en ningún caso la huelga de Eulen está poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros en su vuelo o frente a amenazas terroristas. 

Para Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada de UGT, el envío de guardias civiles supone “la intromisión del Gobierno en un conflicto colectivo y no resuelve la problemática”. A su juicio, el problema en este y otros aeropuertos –su sindicato ha convocado paros en Santiago de Compostela y A Coruña– es la “nefasta” política de personal del PP, al situar seguridad privada en lugares estratégicos, con precios muy bajos. 

El precedente de los controladores

El 4 de diciembre de 2010, tras una huelga de controladores que se saldó con dos días de cierre total del espacio aéreo, casi 5.000 vuelos anulados y 700.000 afectados en el puente más largo del año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el estado de alarma por primera vez en la historia mediante un Real Decreto “para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo”. 

Ante el caos aeroportuario originado por el plante masivo de los encargados de ordenar la circulación aérea, el Gobierno socialista urgió a los controladores a quedar “movilizados” y bajo las órdenes de la autoridad militar para obligarles a volver a sus puestos de trabajo. El estado de alarma se prolongó durante más de un mes.

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