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Cristina ahora se tienta con los timbreos y quiere a Agustín Rossi jefe de bloque

La ex presidenta ya planea caminatas por el interior.”Tengan cuidado que Sergio puede crecer”, le advirtió a su tropa.

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PSOE y Podemos se citan para buscar un acuerdo imposible contra Rajoy

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vuelven a encuadrarse en una foto que ya se hicieron en 2016 y que acabó con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Los líderes de PSOE y Podemos se han vuelto a citar tras el llamamiento del primero “para conseguir una mayoría parlamentaria que cierre esta etapa negra de Gobierno del PP”, tal y como afirmó el secretario general en su discurso de proclamación tras el último congreso socialista. La reunión tendrá lugar este martes en el despacho de la portavoz del PSOE, Margarita Robles.

Iglesias y Sánchez llegan a la reunión sin aparente ánimo de rivalidad, pese a tratarse de dos líderes convencidos de que se disputan en parte el mismo espacio electoral. En esta ocasión, la situación cambia porque Ciudadanos ya ha anunciado que no tiene intención de sumarse a la mesa. Dicho de otro modo, los números que pide Sánchez para tumbar a Rajoy vuelven a no salir.

El nuevo líder socialista busca con este encuentro la presencia que su dimisión como diputado le robó en la escena política diaria. Sánchez está dispuesto a alargar sus encuentros con Iglesias y poner a trabajar a comisiones de trabajo que, desde ambos partidos, demuestren que otras mayorías son posibles.

Esa es la intención también de Iglesias, que acude a la cita como secretario general de Podemos y presidente del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea. Iglesias pedirá a Sánchez el apoyo del grupo socialista a varias iniciativas parlamentarias presentadas por el grupo confederal referidas a pensiones, al desbloqueo de la proposición de ley para subir el Salario Mínimo Interprofesional, a una reforma de la negociación colectiva, a la recientemenre presentada para luchar contra la pobreza infantil o que modifique su posición sobre el CETA y pase de la abstención al no.

El primer punto de fricción será precisamente la postura del PSOE sobre la votación del acuerdo comercial con Canadá, bautizado bajo las siglas CETA. Los socialistas han decidido abstenerse (hace un mes defendían el ) como un gesto de acercamiento al electorado de Podemos. La formación de Iglesias, sin embargo, no ha tardado en denunciar que esa abstención se hace insuficiente para una formación que pretende defender una postura de izquierda pensada en “los de abajo”. 

Techo de gasto, otro “hecho” para Podemos

Pablo Iglesias llevará a la reunión otro asunto de gran importancia y que tiene muy preocupado al Gobierno de Mariano Rajoy: el techo de gasto, el primer paso para los presupuestos de 2018 y una de las votaciones que más atención recaba en la UE.

Sin techo de gasto, Rajoy no podría aprobar las cuentas de 2018 y ese escenario podría conducir a una prórroga de los actuales. La ley no permite prorrogar las cuentas públicas en dos ocasiones consecutivas. Si el bloque contra los números de Rajoy supera al de quienes están a favor, el PSOE y Unidos Podemos podrían conseguir como rédito un adelanto electoral de apenas unos meses sobre la fecha prevista.

Tanto el techo de gasto, que llegará al Congreso en julio, como el CETA, que se votará este mismo jueves, son votaciones en las que en Unidos Podemos estarán muy atentos al PSOE para comprobar si las palabras del “nuevo Sánchez” se convierten en hechos, como han señalado varios portavoces del grupo confederal.

El acercamiento entre Sánchez e Iglesias tiene como principal consecuencia otro movimiento político: Ciudadanos se ve arrastrado a una extrema cercanía con el PP que no entraba en los planes iniciales de Albert Rivera. 

Con Ciudadanos en el bloque de enfrente, cualquier acuerdo que adopten Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deberá contar con el beneplácito de nacionalistas catalanes y vascos. Se trata de buscar un equilibrio en el que ambas formaciones ya han trabajado con Antonio Hernando al frente del grupo parlamentario socialista.

¿Qué es lo que cambia en esta ocasión? La variación fundamental es que la resurrección del líder socialista ha obligado a Unidos Podemos a pensarse si es momento de una posición frontal frente a un líder que acaba de protagonizar una victoria épica contra el establishment clásico de la socialdemocracia española.

Las intenciones de Pedro Sánchez también tienen sus incógnitas: el líder del PSOE busca la presencia mediática que su dimisión como diputado le arrancó de las manos. Tras el encuentro, Sánchez ni siquiera podrá salir a valorarlo en las salas de prensa del Congreso, a las que no tiene acceso por no ser diputado. En su lugar, será su número tres en Ferraz, José Luis Ábalos, el encargado de valorar el encuentro.

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El Gobierno del PP teme que el PSOE se desmarque de la aprobación del techo de gasto

El Gobierno del Partido Popular teme que el techo de gasto se convierta en la primera pieza que se cobren en el nuevo PSOE. Esta medida económica es un paso previo para la aprobación de los Presupuestos de 2018 y también es un requerimiento de la Unión Europea. Consolidar la imagen de estabilidad en Bruselas es uno de los cinco objetivos que ha marcado Mariano Rajoy a corto plazo, un propósito que se puede ver desdibujado si los socialistas restan su apoyo a la aprobación del techo de gasto.

El PSOE votó a favor del techo de gasto de 2017 lo que permitió al Gobierno lanzar un mensaje de estabilidad que provocó recibir los parabienes de la comunidad internacional. El mensaje se consolidó en las capitales europeas conmocionadas con el Brexit y el empuje de las fuerzas políticas más populistas. Rajoy fue invitado por el presidente francés François Hollande a Versalles para analizar  junto a Angela Merkel y Paolo Gentilo el futuro de Europa.   

Ahora, con los presupuestos de 2017 en fase de tramitación final, el reconocimiento de su política de reformas en publicaciones como The Economist y la buena marcha de la economía española el Ejecutivo Rajoy busca seguir emitiendo buenas noticias a la Unión Europea que permitan consolidar su imagen. 

La abstención del PSOE respecto a la aprobación del CETA es un aviso para el Gobierno de Mariano Rajoy, que insiste en colocar la decisión como “derivadas del populismo radical y extremista que tienen que ver con el último Congreso del PSOE”, en el que fue refrendado Pedro Sánchez como secretario general.

Aunque el portavoz interino del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, llegó a anunciar que abrían la puerta a que los socialistas negocien con el Gobierno el techo de gasto, la desconfianza entre los populares es total. 

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero, lanzó hace un par de semanas una advertencia al PSOE sobre  la votación del techo de gasto para 2018: “Ojalá se pueda concretar en que podamos estar juntos frente al CETA y contra el techo de gasto. Todavía tenemos tiempo”. Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reúnen este martes en el Congreso de los diputados.

Mientras Mariano Rajoy y Pedro Sánchez siguen jugando al gato y al ratón lanzándose mensajes sobre quién debe llamar primero al otro para tener un encuentro, en el PP remarcan que es necesaria la interlocución entre los dos principales partidos. El nerviosismo es patente entre los populares que han llegado a censurar las reuniones entre Pedro Sánchez y los máximos responsables de Ciudadanos y Podemos.  

“Ese entendimiento es requerido, al menos, en los asuntos de Estado, y pensamos que es negativo para el PSOE se embarque en que cuanto peor, mejor y que los últimos acontecimientos como la posición sobre el CETA o los anuncios de reuniones con Ciudadanos y Podemos dicen poco de la estabilidad de un partido alternativa de Gobierno”, apuntó el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, señaló que las reuniones entre PSOE con Podemos y Ciudadanos “buscan crear un alternativa que no existe y que solo busca entorpecer la estabilidad y la acción del Gobierno”.  

Ante el posible descuelgue del PSOE, el Ejecutivo está también centrado en que Ciudadanos no se distraiga en “la competición” entre los socialistas y Podemos “sobre si son más extremistas que el original o si el sucedáneo insulta más o entorpece más la estabilidad política y económica del Gobierno” y en colocar a Sánchez en una posición radical para alejarlo de un posible pacto con la formación del Albert RiveraCasado ha insistido en que Ciudadanos “esté a la altura de las circunstancias”.

Curándose en salud,  el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que el techo de gasto para 2018 “no va a ser tan restrictivo” como el de ejercicios anteriores, lo que considera que facilitará la negociación con los grupos políticos para sacarlo adelante.

Julio se convierte en un mes fundamental para las aspiraciones del Gobierno del PP. Si en este mes los socialistas consiguen que el techo de gasto sufra un revés y no se aprueba se complicará la legislatura y la imagen de Mariano Rajoy en Europa sufrirá un borrón.

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Villarejo alimenta su guerra particular con el CNI en la prensa y los juzgados

Villarejo, V, el señor de las cloacas, el comisario más famoso de España, siempre se había movido bien en las zonas de penumbra. Durante décadas participó en importantes operaciones policiales -seguramente ni tantas ni tan relevantes como él presume, sostienen quienes le han investigado- hasta el punto de que su entramado empresarial surtió de refrescos a los bares de etarras escondidos en Uruguay, tal y como contó él mismo a Jordi Évole en Salvados el pasado domingo. 

Pero ese policía en la sombra que alardea de efectuar importantes servicios al Estado con gobiernos de todos los colores, algunos en esa difusa línea que separa las operaciones secretas del delito, empezó a asomar en los titulares de prensa a partir de 2014. Y ya no como el filtrador, la fuente que amamantó a supuestos periodistas de investigación que se prestaron a difundir sus controvertidos informes, sino como protagonista de escándalos.

De un par de años para aquí ha estado presente en todas las salsas: el caso del pequeño Nicolás, la Operación Cataluña, la investigación a los Pujol, los Papeles de Bárcenas y últimamente también como sospechoso de apuñalar a una prestigiosa dermatóloga, Elisa Pinto, que cuida la piel de los ricos más ricos de la capital de España.

Villarejo no solo ha reivindicado su inocencia en todos los sumarios, sino que ha atribuido sus líos judiciales al CNI. Contra su director, Félix Sanz Roldán, a quien llama despectivamente “generalísimo”, ha emprendido una cruzada en los medios de comunicación y también en los juzgados, donde de momento no ha obtenido ninguna resolución favorable.

Quienes conocen su carrera apuntan además que, dada su concepción del trabajo policial, antes o después el choque era inevitable:  “Además de que en alguna ocasión se ha hecho pasar por colaborador del CNI, su manera de investigar como comisario de Información ya había levantado ampollas. Las leyes españolas dejan muy claro desde 2002 que las competencias de Inteligencia son del CNI. Villarejo hacía sus notas informativas en función de los contactos que iba tejiendo, pero no eran investigaciones muy sofisticadas y desde luego no informes de de inteligencia”. 

A lo largo de su trayectoria, explican las mismas fuentes, Villarejo ya había levantado ampollas en los servicios de Inteligencia durante la década de los 90 cuando captó como confidente al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, cuya información también perseguía el Cesid, el organismo anterior al CNI. 

No obstante, una de las personas que más ha indagado sobre Villarejo estos últimos años sostiene que en realidad lo que busca Villarejo con sus ataques a los servicios de inteligencia y a su director es una coartada, ahora que los sucesivos escándalos están dejando a la vista sus costuras: “Él se ha buscado un enemigo externo para justificar su implicación en tantos líos. Y ha decidido emprenderla con los servicios de inteligencia porque sabe que estos no van a desmentirle”.

La guerra total que ahora amenaza con llevar a los platós, las emisoras de radio y los periódicos acumula también varias batallas en los juzgados. La última denuncia archivada fue la que el excomisario presentó por la filtración de una fotografía publicada en el diario El País las horas previas a que la doctora Pinto acudiera a identificarlo como su agresor en una rueda de reconocimiento. El relato que hizo Villarejo en el juzgado fue devastador y atribuía a Sanz Roldán y al periodista de El País y exdirector de comunicación de la Casa Real, Javier Ayuso, una conspiración para perjudicarle.

La lista de delitos y crímenes que el excomisario atribuyó en esa querella al jefe de los servicios de inteligencia es interminable. Acusó al CNI de coordinar la labor de la ‘policía política’ e incluso de amenazar de muerte a la supuesta amante del rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, para que estuviese cerca del anterior monarca, tras su accidente en Botsuana. En el programa Salvados, Villarejo aseguró que sobre esto último llegó a escuchar una grabación en la que Sanz Roldán cuenta a Corinna que no podría garantizar su seguridad ni la de su familia si no accedía a su encargo.

En su última denuncia al CNI que no prosperó, enumeró otros supuestos servicios que había hecho para defender la democracia: el supuesto espionaje de los servicios de inteligencia a diputados y políticos en un prostíbulo cercano al Congreso, “la extraña muerte de un magistrado incómodo por un raro infarto”, el entorpecimiento de la investigación a Ignacio González alegando que era un informador del CNI, el pago ilegal a terroristas para liberar a secuestrados españoles, la sustracción de fondos de esos rescates y un larguísimo etcétera. Nada de lo anterior, igual que su hora larga de acusaciones en el programa, está avalado por pruebas. 

El Centro Nacional de Inteligencia no va a responder a las palabras de Villarejo en prime time, igual que no lo ha hecho ante otras acusaciones graves. Mientras el proceso contra él avanza en el caso de la doctora Pinto, el excomisario de Información, que dice no tener miedo de ir a la cárcel por ese asunto, alardea de haberse quedado documentos con los que seguir haciendo ruido. En los juzgados y en los medios de comunicación.

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Las administraciones públicas no pagarán multas y solo serán “apercibidas” si vulneran la ley de protección de datos

Cuando los “responsables o encargados” de las administraciones públicas cometiesen alguna infracción contra la protección de datos, desde las más graves a las más leves, “la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido”.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), al que ha tenido acceso eldiario.es, prevé de esta forma, en su artículo 77.2 que el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los organismos públicos, las corporaciones de derecho públicos, las fundaciones del sector público y las universidades no paguen nada cuando vulneren la norma. Solo serán objeto de “apercibimiento” y, en todo caso, se iniciarán “acciones disciplinarias”, según el procedimiento que resulte de aplicación en cada administración.

El anteproyecto, que el Ministerio de Justicia envió la semana pasada al Consejo de Ministros, recoge en sus artículos 72 a 74 una relación de sanciones muy graves, graves y leves, en su mayor parte incluidas en el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, al que la legislación española debe adaptarse, y que pueden acarrear hasta 20 millones de euros de multa o alcanzar el 4% de la facturación de la empresa implicada. No afectarán a las instituciones públicas.

El anteproyecto de la LOPD establece también el nombramiento del responsable de la Agencia Española de Protección de Datos, que cambia su nombre de director a presidente, pero seguirá siendo nombrado por el Gobierno, un aspecto que ha sido objeto de numerosas críticas hasta ahora.

Así, el anteproyecto dice, en su artículo 49.1, que el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo estatus será asimilado al de los secretarios de Estado, “ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna en su desempeño”. Pero a continuación indica que “será nombrado por el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, mediante real decreto entre profesionales de reconocida competencia con conocimientos y experiencia acreditados para el desempeño de sus funciones”.

Entre las novedades en la composición del consejo consultivo de la Agencia destaca la incorporación de un representante de los profesionales de protección de datos también “designado por el ministro de Justicia”.

La futura ley orgánica, que debe entrar en vigor antes de que, en mayo de 2018, sea de aplicación el Reglamento de Protección de Datos en toda la Unión Europea, crea la figura de los delegados de protección de datos en colegios profesionales, centros educativos y universidades, prestadores de servicios por internet, supervisores y auditores, entidades financieras, aseguradoras, sociedades de inversión, compañías eléctricas, entidades responsables de ficheros sobre solvencia económica y patrimonial, empresas de publicidad y prospección comercial, centros sanitarios, emisores de informes comerciales sobre personas y empresas, operadores del juego electrónico, y empresas de seguridad privada.

El delegado de protección de datos, según el anteproyecto, “actuará como interlocutor  del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos”.

Como se había anunciado, la futura ley recoge aspectos del reglamento de desarrollo de la anterior norma orgánica de 1999 e introduce el tratamiento de datos de personas fallecidas por parte de sus herederos, excluye el consentimiento tácito en el uso de datos y reduce de 14 a 13 años la edad para ese consentimiento, que tiene que ser expreso y afirmativo.

Además de regular la transparencia en la información que ofrecen los bancos de sus créditos y de los sistemas de exclusión publicitaria, el anteproyecto incluye el tratamiento de datos con fines de videovigilancia. En este último aspecto, se prevé que las imágenes y datos “serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación salvo cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones”. En el caso de que las imágenes hayan sido captadas por fuerzas policiales, el tratamiento “se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento” de la UE y la propia ley orgánica.

Además de regular los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en relación con el tratamiento de datos, la futura ley prevé la obligación de bloqueo para que queden “a disposición exclusiva del tribunal, el ministerio fiscal u otras administraciones públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas”.

En relación con el derecho de acceso a datos, el anteproyecto establece en su artículo 23.2 que “se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema  de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. La comunicación del sistema al afectado permitirá denegar su solicitud de acceso”. Y añade: “Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece asumirá los riesgos y los costes desproporcionados que su elección comporte”. La redacción sugiere que todo el que no se maneje bien con la tecnología digital quedará marginado.

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Ciudadanos propone regular la gestación subrogada para madres mayores de 25 años

Ciudadanos va a registrar este martes una proposición de ley sobre la maternidad subrogada, la primera que se presenta en la Cámara, abriendo con ello el debate sobre un tema muy polémico que no está permitido en España y en el que varios grupos están divididos.

Según han adelantado fuentes de la dirección del partido a eldiario.es, la propuesta va a poner el límite de edad en los 25 años para ser madre donante y poder someterse a la técnica de reproducción asistida para ceder después el hijo a terceros.  El partido de Rivera, en este punto, se ha basado en la legislación que regula las adopciones en España, que también establece como edad mínima los 25 años para los adoptantes.

La ley de Ciudadanos también recoge que podrán solicitar ser padres por este método “españoles o residentes en España”.

Los de Rivera quieren dejar muy claro que su grupo rechaza que se denomine a este modelo de reproducción asistida “vientres de alquiler” ya que consideran que las mujeres que se presten a ser gestantes lo harán de manera “voluntaria y altruista”, es decir, “sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio”.

La ley establecerá que estas madres no serán anónimas, según explican las mismas fuentes de la dirección de Ciudadanos consultadas, sino que estarán en contacto con aquellas parejas o personas que hayan recurrido a esta técnica.  Consideran que es “lógico” que sea así, ya que tendrán que hacerse cargo desde el inicio del embarazo de todos los gastos médicos y hospitalarios de la gestante y ver “como evoluciona”. 

“Hay gente solidaria para donar vida”, destacó recientemente Rivera en su visita al barrio madrileño de Chueca. “Los niños no pueden esperar a la puerta de un registro civil, y tampoco hay derecho a que una familia hipoteque su casa para ser padre o se tenga que ir al extranjero”, manifestó el líder de Ciudadanos.

La falta de una ley en España sobre gestación subrogada hace que las parejas o aquellas personas que se ven imposibilitades para tener hijos y que optan por estas técnicas viajen a otros países, como Rusia o Ucrania o Estados Unidos, donde se paga a las madres de alquiler. 

En nuestro país es fácil encontrar en la web anuncios de despachos de abogados de “asesoramiento integral en gestación subrogada” y empresas que organizan viajes a aquellos países donde está legalizada y que ofrecen un “listado de servicios para confiarnos su proceso”. Estas páginas suelen incluir testimonios de los “clientes satisfechos”.

Rivera ya había adelantado hace meses su decisión de llevar al Congreso la regulación de esta ley.  De hecho, el pasado 7 de febrero organizó un acto en Madrid junto a varios diputados de su formación, en el que participaron miembros de asociaciones LGTBI, médicos, ginecólogos y conocidos empresarios, como Kike Sarasola, padre por gestación subrogada. Tanto Sarasola como otros invitados explicaron su experiencia.

En aquel acto estuvo también la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, portavoz de Igualdad, que señaló que no podía entender “por qué ciertos sectores ven un problema en esto si se regula un modelo altruista, estableciendo garantías y se regula que la mujer toma la decisión totalmente libre”.

“No puede ser que lo más bonito que hay en la vida que es ser padre dependa del dinero de tu cuenta corriente. No es justo”, añadió Rivera. 

Un debate abierto en los partidos que genera división

La propuesta de Ciudadanos de momento no tiene apoyo de ningún otro grupo parlamentario. La gestación subrogada ha abierto un fuerte debate en los demás partidos.

El PP ha esquivado el asunto en el documento que se sometió a debate en su último congreso. Pero la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, se mostró favorable a las tesis de Ciudadanos, descolocando a la dirección nacional que aún no ha tomado una posición oficial.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha reiterado este lunes que siguen manteniendo una posición de “prudencia” sobre este tema qdado que genera “controversia social” y “discrepancia” en los demás partidos.

La novedad es que cuando la iniciativa de Ciudadanos se debata en el Congreso, el PP debería permitir el voto en conciencia a sus diputados, tal y como recogen los nuevos Estatutos aprobados en febrero para supuestos éticos muy concretos y de forma excepcional.

El PSOE acaba de rechazar también en su reciente Congreso está técnica y su regularización en España, aunque dentro del partido no hay unanimidad sobre ello. Tras un intenso debate en la comisión política, los delegados socialistas tumbaron por abrumadora mayoría una enmienda favorable a regular la “maternidad por sustitución”. 

El propio Pedro Sánchez se había posicionado claramente en un acto con mujeres en el que sentenció: “No estoy a favor de usar el cuerpo de la mujer ni para la prostitución ni para la mal llamada maternidad subrogada”, sentenció.

También Unidos Podemos ha mostrado su rechazo. Según Carolina Bescansa, el modelo “atenta con la concepción de la libertad de las mujeres”. Este lunes, la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, ha rechazado esa  práctica aunque también ha admitido que en la formación hay “diferentes opiniones al respecto” y que se está debatiendo el tema. 

Montero ha adelantado que su grupo votará en contra de la propuesta de Ciudadanos que seguramente se debatirá ya en septiembre.

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IU marca distancias con Podemos en el Congreso

365 días después de las elecciones generales que llevaron a Unidos Podemos a ser la tercera fuerza política de España, el autodenominado “espacio político del cambio” está estancado. La construcción de un sujeto orgánico superador, teorizada por sus dos principales integrantes, Podemos e IU, no avanza. La constatación de que, de momento, Unidos Podemos no pasará de ser una alianza electoral ha llevado a IU a replantearse su estrategia para intentar convertirse de verdad en una pata más de la confluencia del grupo parlamentario. Confederarse con Podemos para ganar visibilidad, pero no solo.

Este giro, ratificado el fin de semana por el máximo órgano de dirección de IU, se basa ya en dos cuestiones concretas: la independencia parlamentaria y la apuesta por una relación directa (y distinta) con el PSOE de Pedro Sánchez.

Desde el arranque de la legislatura IU tenía asumido que el liderazgo del grupo correspondía a Podemos y a Pablo Iglesias. La lista electoral del 26J ya fue la constatación de este hecho. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, no solo no dio la batalla por liderarla sino que aceptó, con muchas críticas internas, ir el número 5 por Madrid y no pelear por el número 3, reservado para un Íñigo Errejón que pocos meses después saltaba de la primera línea de dirección del partido. 

En varios momentos desde junio de 2016, Garzón e Iglesias han coincidido en la senda que Unidos Podemos debía emprender. Dicho con palabras distintas, ambos han defendido la construcción de un “bloque histórico” o de un “movimiento político y social” que fuera más allá del entendimiento en las instituciones y de acudir a manifestaciones. 

Esa vereda parece cerrada y difícil su desbroce en el corto e incluso a medio plazo. Plazos políticos. Es decir, plazos electorales.

Tras Vistalegre 2 la maquinaria se ha detenido, aunque las señales llegaron un poco antes. Desde la dirección de IU cuentan a eldiario.es. que “en diversas conversaciones se ha constatado que en el corto plazo no hay posibilidad de construir un espacio orgánico superador”.

Otro ejemplo que se señala desde IU es la ausencia de interlocución dentro del grupo confederal sobre la reunión que mantienen este martes Pablo Iglesias y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

IU se ha dado de plazo hasta septiembre para debatir entre sus bases la situación actual de Unidos Podemos. El proceso asambleario, propio de IU, se cerrará en septiembre. Ahí será cuando la coalición decida cómo enfocar su relación con Podemos. Eso sí: sin intención de romper la alianza electoral, sino para “fortalecerla”. Esa cuestión, lo tienen claro en ambos lados, está fuera de discusión en este momento.

Relación directa con el PSOE

“Habrá gente de IU al otro lado de la mesa para un Gobierno alternativo”. Así respondía Alberto Garzón el pasado 19 de junio sobre la predisposición de su partido a acudir a la ronda de reuniones anunciada por el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Una semana después, el coordinador federal de IU explicaba a los periodistas del Congreso en un desayuno informativo que las relaciones de la coalición con el PSOE serán “directas”. Y añadía: “Más allá de Unidos Podemos entendemos que debe haber relación directa” entre ambas organizaciones.

Garzón, que mantiene una relación política con la nueva portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, previo a su vuelta a la política partidista, quiere que haya una “negociación de organización a organización” en todos los ámbitos. De él directamente con Pedro Sánchez y de los secretarios de organización de ambas formaciones, Ismael González y José Luis Ábalos, respectivamente. 

Garzón ha hablado con Sánchez y han quedado en verse. “Nosotros le hemos dicho que cuando tengan algo más claro. Les damos tiempo y aire”, explica el líder de IU.

Desde la dirección de IU, así lo hizo el propio Garzón con los medios que acudieron a la cita informativa este lunes, defienden que es lo habitual y que esa relación entre los dos partidos nunca se ha perdido. Pero desde que se cerró la rueda infinita de ruedas de prensa de la investidura fallida de Sánchez en la primera mitad de 2016 hasta ahora no se había vuelto a explicitar.

Una primera diferencia notable entre Podemos e IU está precisamente en cómo afrontar la vuelta de Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Garzón no quiere participar en reuniones “sin contenido” para no generar “desidia y frustración” entre los votantes “de izquierdas”, como ocurrió en la primera parte de 2016. IU quiere huir “de la lógica efectista” de un Pedro Sánchez que no es diputado.

Confederación parlamentaria

El segundo frente inmediato que se le abre a IU es la defensa de sus iniciativas parlamentarias. En el reciente informe presentado por la dirección colegiada que encabeza Garzón ya se constata un cierto enfado por la asimilación de todo lo que ocurre en el espacio de Unidos Podemos-En Comú-En Marea con Podemos.

Aunque el documento señala la responsabilidad de los medios también se evidencia un cambio de actitud por parte de IU. Hasta ahora se restaba importancia a este hecho, se explicaba que nunca antes tantas medidas programáticas de IU se habían defendido en el Congreso y se señalaba la evidencia de que los portavoces de la coalición tienen una presencia mediática como nunca. Esto ha cambiado.

Esta semana se debatirán en el Pleno del Congreso dos iniciativas que llevan el sello de IU: una proposición de ley para despenalizar la eutanasia y otra para reformar el Reglamento de la Cámara baja.

La primera ha sido una de las banderas de IU en esta legislatura. Los trabajos los ha liderado la diputada Eva García Sempere y ya fue al Pleno hace unos meses, aunque la abstención del PSOE y Ciudadanos dio al traste con la iniciativa. Ya entonces, la mayoría de los titulares se los llevó Podemos, lo que generó mucho enfado entre los de Garzón.

Ahora, IU aprovecha que el partido de Albert Rivera lleva una propuesta sobre cuidados paliativos para una nueva ofensiva a favor de una muerte digna. Los cambios introducidos, creen, servirán para atraer al PSOE e incluso al PDeCAT.

La reforma del Reglamento del Congreso, una iniciativa árida y alejada normalmente de las necesidades de los ciudadanos, recoge también una “flexibilización” en la formación de los grupos parlamentarios.

La proposición, que cuenta con el aval del grupo al completo, tiene la cabeza puesta en la imposibilidad de que las confluencias hayan logrado un grupo propio. Pero no sólo. Garzón respondía a los periodistas el lunes: “Si IU decidiese tomar esa vía [la del grupo propio], el cauce para lograrlo estaría hecho”.

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