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Javier López Madrid y otros dos detenidos en Lezo pagan los 100.000 euros de fianza para evitar la prisión

El empresario y consejero de la constructora OHL Javier López Madrid, el exgerente del Canal Isabel II Idelfonso de Miguel y el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás han abonado la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la ‘Operación Lezo’ que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.

Tanto López Madrid como Martínez Nicolás quedaron en libertad tras declarar ante el magistrado instructor, que les dio de plazo hasta el próximo 28 de abril para pagar esta fianza con el fin de eludir la prisión, según informan fuentes jurídicas.

También el exgerente del Canal de Isabel II hasta 2009 Ildefonso de Miguel, considerado hombre de confianza del expresidente Ignacio González, ha depositado hoy los 100.000 euros de fianza que le impuso ayer el juez Eloy Velasco para poder salir de prisión tras ser detenido el lunes en la operación Lezo.

De Miguel ingresó ayer en prisión tras ser detenido el lunes en el marco de la operación Lezo, por lo que una vez abonada la fianza quedará en libertad.

Velasco le atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude, los mismos que a la mayor parte de investigados (imputados) en esta causa, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

De Miguel, considerado estrecho colaborador de González, a quien acompañó en el polémico viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, figura en el auto por el que el juez envió a prisión a González.

Le relaciona con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal de Isabel II, ya que fue él quien firmó los pliegos de adjudicación a “la oferta más cara”.

Además, el juez se refiere a una conversación entre Ignacio González y su hermano Pablo, según la cual, De Miguel “habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal”.

Otro exgerente del Canal de Isabel II, detenido también en Lezo, Adrián Martín, pagó el viernes también la fianza de 100.000 euros para poder abandonar la cárcel en la que había ingresado el día anterior y el lunes salió de prisión Juan José Caballero, cuñado del expresidente Ignacio González, tras abonar también los 100.000 euros de fianza que le impuso el viernes Velasco.

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Manuel Moix quiere apartar al fiscal que lleva el peso de la investigación de la trama de Ignacio González

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha decidido apartar a uno de los dos fiscales que llevan desde hace 18 meses la investigación al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según la información adelantada por la Cadena Ser.

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Unidos Podemos propone gastar 19.500 millones más este año y reducir más lentamente el déficit

La coalición plantea un impuesto del 7% a los beneficios de los bancos y gravar con un impuesto especial a las fortunas de más de diez millones de euros.

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El jefe de Anticorrupción pide al fiscal de la Operación Lezo que renuncie y él se niega

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, quiere apartar al fiscal del caso Lezo, la investigación que ha llevado a Soto del Real al expresidente madrileño Ignacio González. Moix le ha pedido a Carlos Yáñez que renuncie a su plaza en Madrid y vuelva a su puesto en Granada, pero el fiscal de la Operación Lezo se ha negado a presentar la renuncia, han informado a eldiario.es fuentes de la fiscalía especializada.

La cadena Ser ha adelantado las intenciones del fiscal jefe Anticorrupción, pero hasta el momento ha sido imposible recabar la versión del Moix, quien asumió las funciones de portavoz de la fiscalía especial poco después de llegar al cargo, hace apenas dos meses .

Yáñez dirige los interrogatorios del caso Lezo junto con la fiscal Carmen García. Los dos fiscales del caso invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal cuando Moix intentó frenar uno de los registros de la operación que tuvo lugar el pasado día 19, y que se saldó con la detención, entre otros, del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Moix se opuso al registro en la sede de Inassa, la filial del Canal en Latinoamérica que habría servido a Edmundo Rodríguez y a Ignacio González a distraer dinero de las cuentas de la empresa pública con la compra de una sociedad brasileña por cuatro veces más de su valor real. Los dos fiscales del caso llevaron esa decisión a un Consejo Fiscal, que les apoyó frente al criterio del jefe de Anticorrupción.

La importancia de esa vía de la investigación radica en que si no se tira de ese hilo en esta causa, la gestión de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Canal de Isabel II queda fuera de una investigación que, entre los delitos atribuidos a los imputados, incluye el de organización criminal. En aquella época se decidió comprar el 75% de Inassa y que comenzara la etapa de la empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica.

El papel de Moix en esta investigación por los negocios del Canal de Isabel II ha quedado en entredicho desde el principio. Además de sus intentos de frenar un registro, las conversaciones grabadas a González revelan que quiso maniobrar para situarle al frente de Anticorrupción: “A ver si podemos poner a Moix en Anticorrupción, es un tío serio”.

Además de la investigación principal del caso Lezo, Yáñez también andaba tras una derivada del caso. Trataba de averiguar qué magistrada avisó a los implicados de que se les estaba investigando, como revela una de las conversaciones grabadas que obran en manos de los fiscales.

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Cospedal, en 2013: “¿Imagináis que se hablara de cuentas en Suiza de dirigentes del PP? ¿A que habría tenido que dimitir?”

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El PP admite que no hizo candidato a Ignacio González tras conocer su cuenta en Suiza

El exvicesecretario de Organización del PP Carlos Floriano ha admitido hoy de que fue informado de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza y ha subrayado que tras conocer esa información el partido no le hizo candidato para seguir al frente de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones en el Congreso, Floriano ha confirmado la información que publica El Mundo, según la cual el diputado autonómico Jesús Gómez enseñó a Floriano y a Juan Carlos Vera -del equipo de Organización de Génova- el número de cuenta en Suiza de González.

“Tuve una reunión (con Gómez) para que me enseñara una documentación que tenía; fue donde me enseñó el famoso número de cuenta y esa reunión se produjo”, ha señalado Floriano.

No ha querido el diputado del PP detallar qué hizo con esa información y si se la dio al líder del partido, Mariano Rajoy, pero sí ha recalcado que González no fue después candidato a la Comunidad de Madrid, sino que lo fue Cifuentes.

Y ha subrayado que “todo lo relacionado con la operación Lezo sale a raíz de una denuncia que presenta la Comunidad de Madrid gobernando la señora Cifuentes” y “no porque lo hayan dicho ni Podemos, ni Ciudadanos ni el PSOE”.

“Aquí ni se tapa ni se encubre a nadie sino que afortunadamente funciona el Estado de derecho”, ha añadido.

A la pregunta de por qué el PP no acudió entonces a la justicia, el exvicesecretario de Organización ha puesto en contexto este asunto al señalar que se produce en un momento de “formación de listas” en el que Jesús Gómez no iba a ser candidato en Leganés y “parecía que venía” a aportar esos datos “con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales”.

Además ha señalado que en ese momento González negó que tuviera “alguna relación con algún número de cuenta en Suiza”.

Ha añadido que en procesos así llega siempre “mucha información contradictoria” que está “movida por intereses personales”.

“Aquí hay que ser muy frío, saber valorar todo y tomar las decisiones sabiendo que no eres juez y tu capacidad es la que es”, ha dicho Floriano, quien ha defendido “escuchar a la gente”, intentar saber “lo que sucede cuando alguien denuncia algo” y tratar de tomar “la decisión más acertada”.

Y “a la vista de lo ocurrido”, ha insistido en subrayar el hecho de que el PP no eligiera a González como candidato a la Comunidad mientras sí estuvo en la lista a la Asamblea quien le denunció, Jesús Gómez.

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La operación contra Ignacio González abrasa al nuevo fiscal jefe Anticorrupción

El primer gran sumario que estalla tras la reorganización de la cúpula de la Fiscalía el pasado febrero deja en una situación muy delicada al responsable de coordinar la lucha contra la corrupción, Manuel Moix. El martes, todos sus subordinados a excepción de uno invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal para desatender una instrucción que pretendía paralizar uno de los registros del caso Lezo.

En el sumario también figuran conversaciones telefónicas del expresidente madrileño, Ignacio González, quien sin saber que estaba siendo grabado celebró el nombramiento de Moix, antes de que se produjese, como una forma de resolver sus problemas judiciales en una charla con el exministro y dirigente del PP Eduardo Zaplana.

El levantamiento del secreto del sumario es cuestión no de pocas semanas, sino de días, según fuentes próximas a la investigación, que adelantan su contenido “explosivo” de los pinchazos, incluidas las referencias a Moix. 

Este jueves, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han solicitado la comparecencia de Moix en el Congreso de los Diputados, así como la del fiscal general del Estado. La presidenta andaluza y candidata a secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha afirmado: “El fiscal jefe de Anticorrupción no puede seguir ni un día más al frente de su cargo”.

“Diferencias técnico-jurídicas” es el término elegido por la Fiscalía General del Estado en una nota a los medios para calificar el enfrentamiento del pasado martes entre el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y la práctica totalidad de sus subordinados.

Esas “diferencias técnico-jurídicas” motivaron que los fiscales del caso acudieran al Estatuto del Fiscal para convocar la reunión, algo que no ocurrió en todo el mandato de Antonio Salinas, antecesor de Moix. El actual jefe de Anticorrupción apenas lleva dos meses en el cargo, al que accedió superando a otros seis aspirantes que, a diferencia de él, pasaron o continúan aún en la fiscalía especializada.

La desconfianza de los fiscales Anticorrupción hacia un fiscal considerado “cómodo” para el Gobierno del PP se materializó en la oposición al criterio de Moix, quien terminó cediendo al de sus subordinados, a pesar de que podía haber impuesto el suyo. Finalmente, el registro de la discordia, en la filial Inassa, encargada de los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, se incorporó a la explotación de la Operación Lezo. El responsable de Inassa hasta la llegada de Cifuentes a la Puerta del Sol, Edmundo Rodríguez Sobrino, está en el epicentro de la trama investigada.

La historia detrás del registro de Inassa se remonta meses atrás. La Operación Lezo era instruida por el juez Alejandro Abascal, de refuerzo temporal en el juzgado de Eloy Velasco y considerado por el sector progresista de la judicatura como muy próximo al PP. Abascal, en contra del criterio de los fiscales, ordenó desgajar en una pieza separada la investigación referente a un desvío de fondos en 2001 a través de Inassa en Colombia. Los fiscales Carlos Yáñez y Gemma García recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que les dio la razón. En aquel entonces Moix no era todavía fiscal jefe Anticorrupción. 

A la reunión del martes, Moix llegó con cuatro puntos que pretendía fueran asumidos por sus subordinados, pero las fuentes consultadas aseguran que las discusión se centró en el registro de Inassa. La importancia de esa vía de la investigación radica en que si no se tira de ese hilo en esta causa, la gestión de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Canal de Isabel II queda fuera de una investigación que, entre los delitos atribuidos a los imputados, incluye el de organización criminal. En aquella época se decidió comprar el 75% de Inassa y que comenzara la etapa de la empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica.

Sin “organización criminal”

Apartar el tipo delictivo de la “organización criminal” es otra de las aspiraciones de Moix. Los fiscales del caso aceptaron no acusar por ese delito hasta que al menos se haya analizado la documentación incautada en los registros, como les pidió el fiscal, con tal de seguir adelante con Inassa.

Se da la circunstancia que el delito de organización criminal, aseguran fuentes de la investigación, está en la querella de Anticorrupción que originó el caso en octubre de 2015, y Velasco y los fiscales han trabajado con ese argumento todo este tiempo. 

Gracias a la presión de Moix se reducen las posibilidades de que González vaya a la cárcel por integrar una organización criminal. El juez Velasco puede acordarlo así, pero sin que Anticorrupción lo haya solicitado antes.

Durante su defensa del registro de Inassa, los fiscales del caso aludieron al poder que sobre los ámbitos judicial y político tienen algunos de los investigados. Esa influencia queda de manifiesto en una intervención telefónica en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González anuncia el mismo nombramiento de Moix a Eduardo Zaplana meses antes de que el fiscal general, José Manuel Maza, lo designara para Anticorrupción con el apoyo de los miembros del Consejo Fiscal de la asociación conservadora.

En esa conversación, González alude a la afinidad política de Moix con el PP y asegura que ya intentó ubicarlo en la jefatura de Anticorrupción para tratar de resolver sus problemas judiciales relacionados con el caso del famoso ático a principios de 2014, cuando Salinas fue finalmente renovado.

El escándalo que provocó esa charla incorporada a un sumario secreto llevó a la Unión Progresista de Fiscales a alertar al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para frenar la designación de Moix. Finalmente, resultó el elegido en febrero.

La actuación de Moix con Rodrigo Rato

El de Lezo no es el primer episodio de corrupción en el  que Moix dicta órdenes controvertidas. En abril de 2015 cuando el expresidente del FMI, Rodrigo Rato, fue detenido durante los registros en su domicilio particular y en su despacho en el centro de Madrid, Moix, entonces fiscal jefe de Madrid, ordenó al fiscal del caso, Carlos García-Berro, dejar en libertad al exministro, antes incluso de que los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera rematasen las inspecciones. Aquella instrucción de Moix causó un enorme malestar entre los fiscales, que consideraban inaudito ese mandato. 

En el historial de Moix está también la huida de Esperanza Aguirre de los agentes de movilidad en Gran Vía, que querían multarla por estacionar sin permiso. Frente al criterio de los jueces y las acusaciones, Moix se negó a acusarla de un delito de desobediencia civil y redujo el incidente a una falta sin trascendencia penal.

Algunas de sus actuaciones más relevantes estuvieron vinculadas a los últimos responsables de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Su Fiscalía presentó una denuncia contra el juez Elpidio Silva, que envió a Blesa a prisión, por prevaricación y por un “retardo malicioso” en el proceso. Moix le acusó de “anteponer su voluntad al derecho” en el proceso que acabó con una inhabilitación de 17 años para Silva, que ahora ejerce como abogado.

Moix también intervino cuando eldiario.es publicó los correos que se intercambiaban los directivos de Caja Madrid, y que desvelaron la existencia de unas tarjetas opacas con las que los consejeros aumentaban su ya abultada remuneración. El nuevo jefe de Anticorrupción aseguró que los emails fueron “ilícitamente obtenidos” por lo que su “mera difusión” podría tener encaje penal.

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